Con el fin de controlar y mejorar la atención al público litigante, el jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, intervino ayer las oficinas de las unidades Económica Financiera, Anticorrupción y la Plataforma de la Fiscalía Departamental de La Paz.
Guerrero informó que por esta semana se dedicará a trabajar en las ciudades de La Paz y El Alto para ver de cerca la labor que desempeñan los representantes del Ministerio Público y las mejoras que se pueden implementar en las oficinas de la Fiscalía. Una de ellas, agregó, será informatizar la actividad desde que se presentan los casos hasta los sorteos y la atención que se da a la ciudadanía.
Para llevar adelante este trabajo, el Fiscal General del Estado llegó junto a un equipo de fiscales de Sucre, con quienes trabajará esta jornada más en la ciudad de La Paz y mañana se trasladará a El Alto, para cumplir con la tarea de inspección.
Llamado. Guerrero pidió apersonarse a la ciudadanía que tiene observaciones o denuncias en contra de los representantes del Ministerio Público. Exigió que se las hagan conocer para adoptar medidas destinadas a optimizar la atención a los litigantes. “(Se tomará) decisiones de carácter definitivo para mejorar el trabajo que se realiza en la Fiscalía en La Paz”, adelantó.
En los casos de las unidades Anticorrupción y Económica Financiera, explicó, además de controlar los cuadernos de investigaciones, se verificará el lugar donde se encuentra el fiscal, incluso si éste salió de su oficina para asistir a una audiencia, se irá hasta el juzgado para comprobar que el funcionario cumple con su labor. En caso de que se detecte irregularidades, como la ausencia inexplicable de los funcionarios, se adoptará las medidas necesarias, advirtió.
Al referirse a la unidad de Plataforma, detalló que se verificará el trabajo y se impulsará la informatización de la oficina, para que todos los casos que ingresen sean sorteados de manera rápida, a fin de que el litigante tenga respuesta en el mismo día o, máximo, en 24 horas, para agilizar el proceso. “Hay, por ejemplo, casos en los que les dicen ‘vuelva en tres días’, esto no puede ser”, manifestó la autoridad.
En los meses pasados, se informó que cada uno de los fiscales de La Paz y El Alto atienden entre 1.000 y 1.500 casos. Guerrero especificó que en todo el departamento paceño trabajan 125 operadores del Ministerio Público. Añadió que su labor de control empieza en esta región porque es la que mayor carga procesal tiene con relación a otros distritos.
“Este trabajo es parte de lo que hacemos para recuperar la confianza en la Fiscalía de La Paz”, declaró Guerrero. Adelantó que mañana tendrá un informe de los resultados que obtenga del control que realiza. Dará a conocer cuántos fiscales serán procesados o destituidos y qué número de procesos alcanzó a revisar en su intervención. Mientras Guerrero llevaba adelante su labor de fiscalización, la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, participaba de los actos conmemorativos por el Día del Mar, en la plaza Eduardo Abaroa.
Un trabajo mensual
Inspección
El fiscal general, Ramiro Guerrero, anunció que su trabajo de control y fiscalización a los representantes del Ministerio Público del departamento de La Paz será realizado durante una semana cada mes.
Denuncian conciliación en casos de violaciones
Carlos Corz, J. J. C.
La Fiscalía General del Estado recibió denuncias en sentido de que se registraron conciliaciones en casos de violaciones a menores de edad, acciones judiciales que no están permitidas por las normas vigentes en el Ministerio Público departamental de La Paz. “Ha habido denuncias contra algunos fiscales en sentido de que han conciliado violaciones a menores de edad, eso la ley no lo permite. Estamos haciendo revisión y auditoría a esos cuadernos de investigación”, indicó y añadió que también hay demoras en procesos.
Guerrero advirtió que serán destituidos aquellos fiscales encontrados con faltas graves y agregó que la intervención se extenderá a las dependencias de la zona Sur y El Alto, además de provincias. “Queremos dar señales de que la Fiscalía de La Paz tiene que cambiar”, insistió.
En enero, una pareja de joyeros denunció el robo de alhajas de oro valuadas en al menos $us 23.000 y ser víctimas de extorsión por parte del fiscal Humberto Quispe, quien fue destituido. La fiscal del departamento, Patricia Santos, fue denunciada por no pagar alquileres de un departamento. Tuvo que cancelar esa deuda bajo presión desde la Fiscalía General.
