El caso de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) se ha convertido en un pesado lastre electoral para los candidatos del partido oficialista, particularmente para Felipa Huanca, ejecutiva departamental de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
La corrupción —entendida como la apropiación privada de fondos públicos— es un fenómeno muy complejo por la variedad de sus causas y efectos. Ella supone una doble amenaza. Por una parte, provoca daños económicos al patrimonio público, beneficia a privados en detrimento del bien común. Pero su efecto más perverso es la paulatina erosión del sentido de lo público, que se expresa en la pérdida de confianza y legitimidad no solo de los mandatarios, sino de las propias instituciones. La corrupción debilita el capital simbólico de los dirigentes y autoridades, los enajena políticamente; es decir, los priva de autoridad para definir el bien común.
Si reducimos este fenómeno a la venalidad de un funcionario público, si la consideramos como un hecho delictivo aislado y episódico, nunca podremos comprender su complejidad y, en consecuencia, no podremos combatirla. La corrupción es sobre todo un fenómeno político, funciona a través de un andamiaje institucional, es un habitus, un sistema, un modo de gobernar que involucra al Estado, pero también a las organizaciones de la sociedad civil. René Zavaleta acuñó el término de “mediación prebendal” para explicar las connotaciones políticas de la corrupción durante la dictadura banzerista; se trataba, según este autor, ciertamente de un dispositivo de “privatización”, mimetizado en el aparato estatal, pero también de un recurso político que permitía comprar lealtades y asegurar la cohesión de la burocracia estatal. Al principio funcionó, pero a la larga terminó sepultando ese gobierno.
La corrupción, el prebendalismo y el clientelismo implican, pues, una mediación perversa entre el poder público y las organizaciones estratégicas de la sociedad civil, que se caracteriza por el intercambio de recursos públicos (obras, leyes, información, cargos públicos) por fidelidad política.
Lo inquietante en el caso del Fondo Indígena es que ninguno de los mecanismos de transparencia ha funcionado efectivamente. Tengo la impresión que el problema de fondo es la “invisibilización” de las prácticas de corrupción como efecto de un consentimiento implícito, tal vez inconsciente, tanto de los actores políticos como de los ciudadanos. Tengo la ingenua sospecha de que las partes involucradas no consideran el “desvío” de fondos públicos como un delito o un acto inmoral, sino como un intercambio político, perfectamente legítimo, que funciona en base al reconocimiento de posiciones, privilegios y recompensas entre los grupos corporativos y el Estado.
Termino destacando una paradoja. Los sindicatos campesinos y obreros, las organizaciones indígenas, los actores organizados que podrían impulsar acciones contra la corrupción no valorizan prácticas de transparencia; los dirigentes no rinden cuentas a sus bases de los fondos que manejan; la información es un privilegio de las cúpulas; no se conocen y deliberan los resultados de sus gestiones. ¿Cómo podrían los zorros cuidar a las gallinas?
