El exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox recordó que el 15 de noviembre, cuando ocurrió la masacre de Sacaba, recorrió personalmente los hospitales de esa capital en busca de militares o policías heridos, a diferencia de manifestantes muertos.
“Ni un solo militar he encontrado en Cossmil. En persona he ido a hacer mi rotación en persona desde las 20.00 hasta las 24.00. Ni policías han llegado a la clínica particular que tiene la Policía, ni a la Caja Nacional de Salud (CNS). A mí no me van a engañar”, dijo en entrevista con La Razón Radio.
Cox contradijo al exministro de Gobierno Arturo Murillo, que entonces aseguró que en el puente de Huayllani “hubo enfrentamientos” de cocaleros contra militares y policías, cuyos efectivos, según dijo, “quedaron heridos”.
Al contrario, Cox señaló que el hospital México, en Sacaba fue el primero en “colapsar” y contó que los primeros cuatro fallecidos de esa luctuosa jornada llegaron a ese Nosocomio.
“Yo estaba ahí y no teníamos cómo trasladar a los heridos a otros hospitales, porque todo estaba bloqueado por (los miembros de) la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Fue un día muy duro”, recordó el otrora viceministro de Régimen Interior y Policía.
También puede leer: Masacre de Sacaba: a cuatro años, ronda la impunidad y víctimas peregrinan por justicia
Señaló que “una cantidad impresionante de heridos peregrinó” por atención médica, pues el hospital Viedma, de la capital cochabambina, también estaba colapsado y, según relató, fue donde llegaron cinco heridos graves, que perdieron la vida al ingresar.
Además, fustigó el “maltrato” de varios médicos que “discriminaban” a los movilizados que acudían para recibir atención médica: “En algunos hospitales lo médicos los trataban con desprecio, eran días de odio y discriminación profunda”.
Cox también dijo que dos días antes de la masacre, jefes militares lo persuadieron para convencer a los movilizados a que desistan en su protesta y los convenza de no ingresar a Cochabamba. “Yo no acepté”, respondió.
Para entonces, los uniformados actuaron blindados por el Decreto Supremo 4078. Esa norma eximía a las fuerzas del orden de cualquier responsabilidad penal por el posible exceso en las represiones a movilizados. Posteriormente, el 28 de noviembre de ese año, dicha norma fue abrogada por la misma Jeanine Áñez.
En esa fecha, 10 personas perdieron la vida, todas a bala, y cuatro días después, en la zona de Senkata, en El Alto, otros 10 ciudadanos perecieron por la violenta represión militar y policial.
