La Sala Penal 1ª del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz rechazó ayer la acción de libertad presentada por el exejecutivo del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, detenido en la cárcel de San Pedro por el desfalco en la institución campesina por obras no ejecutadas.
El proceso se lleva adelante por un fraude que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía paceña el 12 de febrero por la Contraloría General, tras una auditoría. En esa revisión se halló un daño económico al Estado de al menos Bs 71 millones por 153 proyectos no ejecutados. Por esa causa, tres personas fueron detenidas preventivamente, entre ellas Aramayo.
Después de más de dos horas de audiencia en el juzgado, el presidente de la Sala Penal 1ª, Ramiro López, resolvió rechazar la solicitud de Aramayo, debido a que su abogado no desvirtuó los riesgos procesales que argumentó el Ministerio Público, además de la posible fuga y obstaculización a la investigación de este caso.
Reacción. El diputado de Unidad Demócrata (UN) y exdirigente campesino Rafael Quispe, parte querellante en el caso del Fondo Indígena, celebró la decisión de la instancia jurisdiccional en contra de Aramayo. También pidió a la Fiscalía continuar con las investigaciones y convocar a otros dirigentes implicados en el desfalco a la institución. “Seguirá detenido (Aramayo) en la cárcel (San Pedro) porque había riesgo de fuga y obstaculización a las indagaciones”, sostuvo Quispe, que estuvo en la audiencia.
El asambleísta opositor cuestionó la labor de la Fiscalía respecto a la falta de convocatoria a otros dirigentes implicados en el proceso, pese a que él presentó varias pruebas que implican a al menos ocho exdirigentes campesinos que administraban el Fondo Indígena, como la excandidata a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, y la presidenta de Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado. “Ya hemos presentado las pruebas necesarias y contundentes, pero la Fiscalía no los convoca (a los acusados)”, observó el diputado.
Ante este hecho, Quispe anunció que en la próxima semana, como diputado, pedirá un informe oral al fiscal general Ramiro Guerrero, para que responda a las dudas y dé cuenta de los avances ante la Asamblea.
En el caso del Fondo Indígena, al margen de Aramayo está detenida la exejecutiva Elvira Parra, quien amenazó con “abrir la boca” para que convoquen a otros dirigentes implicados. Además se privó de libertad al exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) César Quisbert, por actos de corrupción. Hay al menos tres personas con medidas sustitutivas en La Paz y Beni.
El 18 de marzo, Quispe denunció que al menos ocho dirigentes de organizaciones sociales, en todo el país, recibieron dinero del Fondo Indígena para obras. Pero los sindicalistas transfirieron los recursos a sus cuentas bancarias personales en diferentes entidades financieras privadas.
Al referirse a la investigación, el fiscal interventor de la Fiscalía de La Paz, Paul Franco, informó que el proceso avanza, pese a lo grande que es el proceso. Una muestra de ello es que, desde la próxima semana, la comisión de fiscales realizará al menos 30 inspecciones oculares de las obras cuestionadas. Todas las revisiones se darán en el eje troncal del país.
Analizan denuncias
Trabajo
El fiscal interventor del Ministerio Público de La Paz, Paul Franco, confirmó que llegaron ocho nuevas denuncias del Fondo Indígena, al margen de los 153 proyectos ya investigados. Por eso la Fiscalía aún realiza la evaluación de las nuevas observaciones.
