El Tribunal Andino concedió una prórroga a Bolivia hasta enero de 2024 para adecuar su normativa y aplicar la sentencia que ordena no diferenciar los precios del combustible para vehículos bolivianos y los que tienen placa extranjera.
El procurador del Estado, César Siles, informó este viernes que el plazo fue ampliado hasta el 19 de enero.
«Fuimos notificados ayer (jueves) con un auto dictado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Concede al Estado Plurinacional una prórroga excepcional y única hasta el 19 de enero de 2024; para dar cumplimiento a la sentencia notificada el 17 de julio de 2023″, informó el procurador en conferencia de prensa.
La sentencia del Tribunal Andino se conoció en julio. El fallo salió a favor de Perú que demandó a Bolivia por el precio diferenciado en la venta de combustible que se aplica a los vehículos con matrícula extranjera.
Según el reclamo peruano, el subsidio para vehículos bolivianos y no para los extranjeros vulnera los principios de «trato nacional, no discriminación y libre competencia»; previstos en las decisiones andinas 398, 837 y 608 del bloque de países que conforman la Comunidad Andina (CAN).
De acuerdo con la Sentencia del TJCAN, Bolivia tenía 90 días para corregir las acciones de incumplimiento. Y, en caso de reincidir en ese tema y no acatar la resolución, la CAN autorizaría la imposición de sanciones comerciales; sin embargo, con el nuevo auto, el plazo se amplía hasta enero de 2024.
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Bolivia
«Este auto dictado dentro del procedimiento antes mencionado, ha sido motivado por una solicitud que presentó la Procuraduría (…). Nos conceden por única vez la posibilidad de coordinar interinstitucionalmente en el cronograma de plazos y forma de cumplir la sentencia», explicó Siles.
La autoridad añadió que las instituciones competentes en el área están evaluando las estrategias para cumplir el fallo. Este viernes sostendrán una reunión para analizar los pasos a seguir.
«Una sentencia emitida en el marco de la Comunidad Andina debe ser acatada. Vamos a plantear los diferentes escenarios que la Procuraduría ha analizado para el cumplimiento de la sentencia (…). Entre esos escenarios el más importante y crucial es la modificación de la normativa vigente», señaló.
Advirtió que, caso contrario, Bolivia sería pasible de una acción sumaria de incumplimiento ya anunciada por Perú. Esa sanción podría afectar, sobre todo, a los exportadores pues les subirían los aranceles por producto.
«No queremos llegar a ese momento; al contrario, estamos seguros que el día de hoy vamos a coordinar en defensa de los intereses del Estado, pero también en defensa de nuestros transportistas, de nuestra normativa», aclaró.
Asimismo, indicó que el fallo dice que Bolivia debe adecuar su normativa y no le manda a subir o bajar el precio subvencionado de los combustibles.
