Semana de alegatos por la competencia o incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para conocer la demanda boliviana que obligue a Chile a negociar un acceso soberano al mar para Bolivia.
Escuchadas las partes, quedó claro por dónde va cada razonamiento jurídico y, con las necesarias salvedades, conceptual-político. Mientras el énfasis puesto por Chile estuvo en que Bolivia al final lo que pretende es revisar el Tratado de Paz y Amistad de 1904, lo que no podría porque se lo impide el Pacto de Bogotá en su artículo 6; Bolivia dejó en claro que la demanda no toca dicho Tratado y que lo único que se pide es que Chile cumpla con sus reiteradas promesas de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.
La tesis boliviana se sustenta —y esto se trata de precisar con el mayor cuidado en las páginas centrales— en el hecho de que son los propios actos de Chile los que dan pie a que la CIJ pueda declararse competente. Y es el punto de que pese a sostener de manera reiterada el carácter resuelto de la relación limítrofe entre Bolivia y Chile con base en el Tratado de 1904, este último país en varias ocasiones ofreció y negoció una salida soberana al mar para Bolivia; lo que en su tiempo se llamó “la resolución de la cuestión marítima por fuera del Tratado de 1904”.
En efecto, son los actos del Estado chileno, y solo ellos, los que en definitiva “sustentan” la solidez del petitorio boliviano: son actos unilaterales que generaron obligaciones; y lo único que se le pide al país vecino es que cumpla lo que tanto prometiera.
El argumento chileno fue que aunque Bolivia no lo diga, al final pretende cambiar los límites entre ambos países. Los abogados por Bolivia respondieron que la demanda solo es para obligar a Chile a negociar algo que él mismo ha prometido, y no se sabe qué específicamente pueda resultar de la negociación. Chile comete triple bloqueo, protestó el Agente boliviano: al mar, a la negociación y, hoy, a la justicia.
El editor
