Una funcionaria del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba arrebató y secuestró la grabadora de la periodista del diario Opinión Tatiana Castro. Otro borró el contenido del equipo. El hecho ocurrió en la audiencia de un dirigente universitario.
La grabación borrada por el funcionario judicial fue sobre la lectura del fallo emitido por esa instancia, que determinó la continuidad de la detención preventiva del dirigente Jarlin Coca, acusado de provocar lesiones graves a policías, en el conflicto de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a propietarios y directores de medios, advirtió que durante el incidente los funcionarios judiciales incurrieron en los delitos de atentado a la libertad de trabajo, hurto (de la grabadora), con la agravante del borrado del registro de audio.
Además de delitos contra el honor de las personas y sabotaje, porque se atentó contra el medio de trabajo. La sanción mayor corresponde al delito de atentado contra la libertad de trabajo, con ocho años de reclusión para los responsables, según los abogados de la ANP.
La agresión fue justificada por la funcionaria del TDJ bajo el artículo 331 del Código Penal, que otorga a un juez la facultad de autorizar la instalación de equipos de grabación. Pero la ANP sostuvo que la grabadora no interfería con la audiencia.
