Por Williams Farfán
La Defensoría del Pueblo denunció ayer una “aparente desidia” de las autoridades bolivianas a la hora de procesar casos de violencia sexual contra niños y mujeres en el país, particularmente si son hechos cometidos por funcionarios públicos.
Este hecho puede constituirse en un mecanismo velado para socapar, proteger y apañar a individuos que tienen procesos penales y probablemente son responsables de haber cometido crímenes cargados de salvajismo y violencia machista, indica un comunicado.
“La Defensoría expresa su preocupación ante la lentitud y aparente desidia con que las autoridades gestionan las denuncias por graves casos de violencia sexual (…) cuando los acusados tienen poder o son miembros de Órganos del Estado”.
