El 2 de agosto fenece el plazo para que los funcionarios públicos cumplan con el requisito legal de hablar un idioma indígena, por lo que las diversas instancias públicas deberán elaborar y enviar un reporte para establecer cuántos no cumplieron con la norma. El requisito podría ser una condición para la permanencia laboral, informó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.
La Constitución Política del Estado (CNE), en el artículo 234, prevé como uno de los requisitos para desempeñar funciones públicas el “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”. La ley General de Derechos Políticos y Lingüístico del 2 de agosto de 2012 fijó un plazo de tres años para que los funcionarios públicos que no sepan un idioma indígena lo aprendan.
“La Constitución y la Ley dan un plazo hasta este 2 de agosto. Una vez que termine este plazo nos da posibilidad al Viceministerio de Descolonización, que tiene la tuición sobre el tema, verificar si se ha cumplido o no la Ley. Nosotros hemos mandando recordatorios a los ministerios: ¿Su personal que trabaja bajo su administración habla el idioma que corresponde al territorio?. Si, no. ¿Cuántos.”, aseguró Cárdenas.
Bolivia reconoce 36 nacionalidades y sus idiomas, como lenguas oficiales, entre ellas el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, chácobo, chimás, ese ejja, quechua, weenhayek, sirionó, yuki, yuracaré, leco, machineri y el maropa. El parágrafo II del artículo 5 de la Carta Magna prevé que el gobierno nacional y los departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales.
Cárdenas explicó que el relevamiento de datos permitirá conocer la realidad sobre el cumplimiento o no de la disposición constitucional. “Se entiende que la persona tiene que saber castellano y el idioma del territorio donde trabaja, si es en La Paz, tiene que saber hablar aymara, si es en Cochabamba, quechua y si es en Santa Cruz, guaraní”.
El saber o no hablar un idioma indígena sería vinculante a la estabilidad y acceso laboral. “La Ley quiere decir que el tema del idioma tiene que ver con la condición de acceso laboral, bien puede ser una condición de permanencia laboral”, advirtió.
