Cuando agentes de la Policía palestina sacaron a golpes de la cafetería en la que trabaja a Ayman Mahariq, un joven estudiante de periodismo de 22 años,
jamás pensó que la causa fuesen sus comentarios en Facebook críticos con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
«Entraron al café en el que trabajo a mediodía y me arrastraron a la calle como a un animal. Fue una escena muy humillante», explica indignado a Efe a la salida del juzgado en Ramala en el que está siendo juzgado por «insultos a la autoridad».
Decenas de jóvenes palestinos, todos varones y estudiantes, han sido arrestados en el último año por ofender a las autoridades en las redes sociales y esperan sentencia en juicios que se eternizan.
Muchos fueron detenidos entre septiembre y noviembre por comentarios vertidos tras la operación israelí militar contra Gaza del pasado verano, en la que murieron más de 2.100 palestinos y que calentó los ánimos y las críticas a la autoridad que encabeza el presidente Mahmud Abás.
«Me llevaron a una comisaría en Betunia y allí me golpearon, me hicieron ‘shabeh’: una forma de tortura en la que te hacen estar de puntillas con las manos atadas a una ventana o una silla. Me mantuvieron en una celda pequeña, sucia y oscura y me interrogaron durante días, a veces en mitad de la noche», denuncia el joven, originario del pueblo de Samu, en las colinas del sur de Hebrón.
La acusación: hablar mal de la ANP e insultar a altos cargos.
Sus frases en Facebook, según los agentes, violaban la ley 191 palestina, que considera delito los insultos a cargos e instituciones y los pena con hasta dos años de prisión.
Mahariq escribió en su muro: «El Ejército israelí ha entrado en Ramala y los hijos de perra están en sus centros. Ojalá caiga la Autoridad Palestina. Ojalá acabe su mandato».
«Estuve encarcelado un mes, y me llevaron al tribunal tres veces, pero todas el juicio fue pospuesto y mi detención fue prorrogada por la ausencia de un testigo de la Policía. Finalmente me soltaron y ahora espero el veredicto», dice, preocupado.
Ya ha habido siete sesiones, todas pospuestas por los mismos motivos y Mahariq se queja de estar atrapado «en un limbo».
«Yo no insulté a nadie, no me refería a la Policía cuando escribí ‘hijos de perra’ y lo que dije de la caída de la ANP no es un insulto sino una opinión política. Pensé que había libertad de expresión en Palestina», lamenta, desesperanzado.
No es el único en esa situación. Bara al Qadi, estudiante de periodismo en la universidad de Birzeit (cerca de Ramala), también fue arrestado en hace ocho meses por hechos similares y permaneció bajo custodia trece días.
«Me detuvo la inteligencia en noviembre, después de la guerra en Gaza y me acusaron de insultar a cargos de la ANP. He acudido a la corte ya siete veces y en ninguna se ha personado quien que me arrestó, así que el juicio es pospuesto una y otra vez», explica a Efe.
«Es muy frustrante, desmoralizante y quita la confianza en la Justicia palestina. ¿Por qué no cierran mi caso?. Yo no he cometido ningún crimen», protesta.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció en mayo estos arrestos y los relacionó con los de otros 25 estudiantes, aparentemente simpatizantes del movimiento islamista Hamás.
Un agente de la Policía palestina reconoció a Efe que se están haciendo detenciones, pero negó que se practiquen torturas.
«¿Por qué vamos a torturar a los detenidos por comentarios en Facebook si los comentarios están ahí y son el testimonio?», dijo el agente, que insistió en que «ser irrespetuoso con las autoridades es violar la ley».
El portavoz de los servicios de seguridad palestinos en Cisjordania, Adnan al Dimiri, negó a HRW que se realicen detenciones políticas y alegó que «nunca se detiene a gente por sus comentarios o su filiación», aunque aceptó que se han hecho arrestos «por incitar a la violencia sectaria y otros delitos».
Sin embargo, las autoridades «no han presentado ninguna evidencia de que los detenidos estuvieran involucrados en violencia o instigasen a ella», denunció HRW, que reclamó se investiguen las acusaciones de maltrato.
«La ley 191, de 1960, castiga insultar a individuos o instituciones. Pero en democracia la gente debe tener el derecho de criticar sin ser castigado», manifestó a Efe Isa Abú Sharar, expresidente del Alto Consejo Judicial.
«El imperio de la ley no debe suponer un elemento frustrante en las vidas de los jóvenes», opinó a la vez que mostró su esperanza de que se resuelva esta situación para que «los jóvenes palestinos actúen y se expresen libremente».
