La Sala Penal Primera de La Paz otorgó libertad a sola presentación de garantes al teniente de la Policía Omar Víctor Antezana Coronado, jefe de inteligencia y principal implicado en la tortura y muerte de David Olorio Apaza, ocurrido en julio de 2010, informó el abogado de la víctima, Rime Choquehuanca.
El jurista denunció que la libertad de Antezana fue favorecida -en febrero- por los vocales del Tribunal de Justicia Departamental (TJD) de La Paz, Ramiro López y Ricardo Chumacero, hoy acusados de corrupción por haber supuestamente beneficiado con un fallo al empresario peruano Martín Belaúnde extraditado en mayo pasado a su país.
«En la audiencia que se instaló fueron (los vocales) tan inclinados a la libertad del señor Víctor Antezana que incluso arremetieron contra la participación de mi persona y del Ministerio de Gobierno, especialmente el vocal Chumacero porque ni siquiera le impuso (a Antezana) una fianza económica, reclamamos la decisión y lo único que significó fue tener una agresión verbal de parte de esas dos autoridades», manifestó el abogado a ANF.
Con la libertad de Antezana no queda ningún policía detenido, de los siete implicados, en el caso Olorio. Transcurrido casi cinco años, no existe acusación del juez en contra de los uniformados.
El 4 de julio de 2010 seis desconocidos atracaron el peaje de la autopista La Paz – El Alto; dispararon a un policía que resultó muerto, y se llevaron cerca de Bs 350.000. Dos días después la policía detuvo a David Olorio Apaza junto a su conviviente.
Diez horas después de ser detenido, Olorio Apaza apareció muerto en el inmueble de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. El informe forense reveló que este fue «cruelmente torturado» antes de morir Luego de golpearlo para que confesara dónde está el dinero, «los policías rociaron gas pimienta en una bolsa plástica y le colocaron en su cabeza». El detenido vivió una verdadera película de terror antes de morir», mencionó entonces uno de los fiscales asignados al caso.
«Al no poder conseguir de ninguna forma la confesión de Olorio mediante tortura, al final lo mataron entre varias personas, de forma cobarde, es decir, el mismo Estado a partir de sus funcionarios comente crímenes, en ese sentido existen pruebas», manifestó Choquehuanca.
Los policías implicados en la muerte de Olorio son: José Ronald Saravia Saavedra, Cristian Ramiro Vargas Nina, Omar Víctor Antezana Coronado (Jefe de inteligencia), Fructuoso Israel Vega Segurondo, Luis Fernando Aquino Mamani, Juan de la Cruz Cerón Copa, Juan Villca Chambi, Valentín Choquehuanca Ulo y Jesús Antonio Moscoso Velasco.
Encubrimiento
Choquehuanca denunció complicidad y encubrimiento de parte de las autoridades judiciales que «por cansancio a las víctimas y a la sociedad» buscan cerrar el caso para no sancionar a los responsables.
«Lastimosamente es el tiempo, la retardación, se podría decir que hay un cierto encubrimiento que busca agotar a las víctimas, agotar al Ministerio Público y agotar a la sociedad para no conocer resultados sobre este caso, yo entiendo que si hay un interés en agotar a todos y buscar que no haya esa condena», apuntó.
Sobre Antezana, dijo que su salida del penal de San Pedro no es gratuita. «Estos sujetos que tienen esas técnicas de tortura están todavía sirviendo en el Estado. Afirmamos eso porque es una acusación del mismo Ministerio Público», expresó.
Fuentes cercanas al caso denunciaron además que el teniente Antezana habría ascendido al grado de capitán, pese a haber estado detenido.
El Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI) sostuvo, en una anterior declaración, que la tortura sigue siendo el método de investigación más utilizado por la policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie. Emma Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.
Bravo también señaló que la impunidad en este delito es una de las más altas porque hasta la fecha no se conoce que un caso de tortura haya tenido sentencia.
