Estados Unidos cerrará el primer semestre de 2015 con 17 ejecuciones, seis menos que el año pasado por estas fechas y en vísperas de un fallo del Tribunal Supremo sobre un sedante utilizado en las inyecciones letales que puede cambiar el rumbo de la pena de muerte en el país.
Este contencioso, cuyo fallo se espera para esta semana, tiene paralizadas las ejecuciones en la mayoría de estados desde que en enero los magistrados ordenaron a Oklahoma dejar de inyectar midazolam a sus presos condenados a muerte.
La orden también afectó a Florida, mientras que otros estados las suspendieron a la espera del fallo del Alto Tribunal.
Desde entonces, tan solo Texas y Misuri, los dos estados que copan el 56 % de las ejecuciones de los últimos tres años y que usan otra sustancia (pentobarbital) como sedante, aplicaron la pena de muerte.
Esa semiparálisis a la que estuvo sometida la pena capital durante estos meses provocó que la cifra de ejecuciones en el primer semestre de 2015 fuera de 17, seis menos que el 30 de junio de 2014, que a su vez ya fue el año con menos ajusticiados de las dos últimas décadas en el país.
Texas ejecutó a nueve presos, Misuri a cuatro, mientras que en enero Oklahoma (1), Florida (1) y Georgia (2) alcanzaron a repartirse el resto.
Texas y Misuri son también los únicos estados con ejecuciones previstas para los próximos meses, siete en total hasta octubre, aunque una sentencia del Supremo favorable al uso del midazolam podría provocar una avalancha de citas entre presos y verdugos en el resto del país a partir de julio.
Si por lo contrario queda definitivamente prohibido, supondría un descalabro para muchos de los estados que aún aplican la pena de muerte.
Los querellantes, tres presos de Oklahoma cuya ejecución era inminente a principios de este año, argumentan que el uso del midazolam, un sedante que en 2014 falló en tres ocasiones, viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de «castigos crueles o inusuales».
A la espera de lo que puedan fallar los magistrados del Supremo, algunos estados aprovecharon estos primeros meses del año para legislar con la hipótesis de que se prohíba el midazolam y no puedan obtener medicamentos alternativos para aplicar inyecciones letales.
De este modo, Tennessee reinstauró la silla eléctrica, Utah el escuadrón de fusilamiento y Oklahoma aprobó el uso del nitrógeno por asfixia, métodos inusuales o inauditos en los últimos años que ahora podrían aplicarse en los próximos meses.
Sentencia del Supremo a parte, el primer semestre de 2015 se caracterizó por la abolición de la pena de muerte en Nebraska, que se convirtió así en el estado número 19 -de 50- en prescindir de este castigo.
Nebraska fue el séptimo estado en abolirla en la última década tras Maryland (2013), Connecticut (2012), Illinois (2011), Nuevo México (2009) y Nueva York y Nueva Jersey en 2007, pero también el primero considerado conservador desde que en 1973 lo hiciese Dakota del Norte.
La abolición en Nebraska supuso un auténtico revés para sus partidarios, ya que se trata de un estado insignia del conservadurismo, tradicional aliado de la pena capital.
Los más recientes sondeos además, indican que el apoyo a las ejecuciones entre los estadounidenses se sitúa en el 56 %, su nivel más bajo desde hace 40 años y lejos del 80 % que cosechaba hace dos décadas, constatando las horas bajas por las que pasa la pena de muerte.
Pase lo que pase con el fallo del lunes, la próxima cita con la pena de muerte será el 14 de julio, cuando el estado de Misuri pretende ejecutar a David Zink por el secuestro, violación y asesinato de una joven de 19 años en el 2001.
