En el marco del plan de despoblamiento carcelario y ante la visita del papa Francisco, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, anunció que busca que al menos 1.000 reclusos del país se beneficien con una nueva norma de indulto. Indicó que el decreto vigente permitió que 700 reos dejen penales.
La autoridad gubernamental se refirió así a un nuevo proyecto de perdón judicial que es preparado en el Órgano Ejecutivo. Durante el fin de semana señaló que se espera que hasta la llegada del Sumo Pontífice, prevista para el 8 de julio, se tenga la mayor cantidad de internos en libertad, caso contrario el plazo se extendería hasta la culminación de este año.
“Lo que yo quisiera, de verdad lo deseo con toda el alma, es que durante todo este año tengamos más de 1.000 internos beneficiados”, declaró e inmediatamente apuntó que tiene otra iniciativa que permitiría la salida de otros 500 presos de los penales, con los que sumarían 1.500 beneficiados, aunque se negó a dar mayores detalles. La población carcelaria de Bolivia llegó a cerca de 14.000 privados de libertad.
Trámite. Moldiz hizo notar que una persona “puede tener voluntad” y aprobar una norma para aplicar el perdón judicial, pero en el momento de la aplicación tropieza con una serie de problemas, como la falta de documentos de los beneficiarios, entre muchos otros obstáculos que surgen.
El lunes, en la ciudad de Cochabamba, el Ministro de Gobierno adelantó que el nuevo indulto tomará en cuenta la aplicación de “medidas extraordinarias”, con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de reclusos, y además tendrá un “enfoque predominante de género”.
Mientras tanto, el director departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Edwin Sandóval, empezó ayer la campaña de socialización e información a reos detenidos en penales de su región sobre los requisitos exigidos para obtener un indulto por razones humanitarias, reportó ABI.
“Estamos empezando esta campaña de socialización que es muy importante porque estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades judiciales para que pueda haber más beneficiados con el indulto”, sostuvo la autoridad de penitenciarías.
La labor de Sandóval tuvo lugar en la cárcel de San Sebastián varones, con participación de autoridades de la Dirección de Régimen Penitenciario, del Tribunal Departamental de Justicia, el Ministerio Público, Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo, quienes también recabaron la situación de algunos detenidos preventivos.
Otro preparativo que se hace, esta vez por parte de las reclusas de penales de la ciudad de La Paz, es la redacción de cartas que harán llegar al papa Francisco, informó ANF.
Por ejemplo, las internas del Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores solicitan medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como la detención domiciliaria con derecho a estudio o trabajo para las reclusas que no tengan antecedentes previos al delito del que se les acusa o sean extranjeras. Las presas del COF de Obrajes piden el perdón judicial y medidas sustitutivas para las mujeres que tengan detención preventiva por delitos con penas de uno a cinco años.
Un decreto vigente
Asamblea
La Asamblea Legislativa aprobó en noviembre de 2014 la ampliación por un año de la vigencia del decreto presidencial de indulto por razones humanitarias, aprobado en 2013, para permitir que más reos se beneficien.
