El equipo y la maquinaria desplazados por avasalladores en un área que no les corresponde serán confiscados, al igual que el mineral acopiado en la zona. Es una medida que fue anunciada ayer por el Gobierno y el Ministerio Público. Los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro; de Gobierno, Hugo Moldiz; y el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero. explicaron ayer los detalles operativos de la determinación.
“Vamos a identificar territorialmente el área avasallada y luego buscaremos individualmente a los instigadores, organizadores y a los avasalladores. Una vez que realicemos estas acciones, tenemos que tomar medidas de hecho, vamos a identificarlos”, indicó el ministro Navarro.
De forma paralela, el ministerio del área instruirá al Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales (Senarecom) que prohíba y sancione a las comercializadoras que compren oro y complejos de plomo, plata y zinc de las personas naturales o jurídicas que no tengan el área minera legalmente adjudicada por el Estado boliviano.
“Ninguna persona puede vender mineral robado de un área avasallada y, por lo tanto, ninguna empresa comercializadora o ingenio legalmente establecido en el país puede comprar mineral que no sea de un titular que tenga el derecho para realizar esta actividad minera”, sostuvo Navarro, tras indicar que se conoce que algunas comunidades se organizan para avasallar yacimientos mineros, razón por la que se decidió cerrar filas en el Ejecutivo para combatir de forma efectiva el delito.
Por el momento se evaluará de manera individual las denuncias por avasallamiento que fueron registradas para tomar las acciones inmediatas. El Fiscal General del Estado agregó que hay varios procesos abiertos y en investigación en las Fiscalías de La Paz y Oruro por este tipo de actos ilegales, para los que existen sanciones de cuatro hasta ocho años de cárcel, según establece la Ley 367.
La Ley 367 sanciona las tomas
El 1 de mayo de 2013, el presidente Evo Morales Ayma promulgó la Ley 367 que incorpora el delito de “avasallamiento en área minera” dentro del Código Penal y establece una condena de cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento.
