En busca de más irregularidades, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, envió a la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, 150 proyectos de esa institución de apoyo rural para que verifique su existencia y ejecución.
Este proceso se realizó al margen de otros 153 proyectos no ejecutados y denunciados por la Contraloría, con los que produjo un daño económico de al menos Bs 70 millones al Estado. Por este caso hay tres personas detenidas en recintos penitenciarios.
“En realidad todavía existían al menos unos 150 proyectos a evaluarse. (La carpeta) se pasó previo análisis definitivo a la Intervención del Fondo Indígena. Se remitió para que en esa instancia se pueda realizar una evaluación y valoración para que informe a la Contraloría General en un determinado tiempo”, informó Herbas en una conferencia de prensa.
Explicó que la intervención del Fondo Indígena deberá verificar la ejecución y existencia de los nuevos 150 proyectos. Tras esa evaluación, remitirá la información a la Contraloría para su respectivo análisis. Luego se analizará qué medidas legales se deben asumir.
“Había unos proyectos todavía pendientes que estaban en valoración, pero, en todo caso, como hay una intervención, hemos hecho conocer a esa instancia para que se pronuncie sobre estos proyectos porque la intervención se quedará por un tiempo definido”, dijo.
En febrero, la interventora Fuentes indicó que envió al Ministerio Público de La Paz siete nuevas demandas penales, debido a irregularidades existentes en la ejecución y desembolso para esos proyectos, al margen de los 153 primeros denunciados. El martes, en la Fiscalía señalaron que las siete denuncias aún son valoradas para su investigación junto a los otros proyectos.
