El Parlamento Andino determinó convocar a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) porque consideró que los argumentos “no son suficientes” en el fallo emitido en julio dentro del proceso seguido por Perú contra Bolivia por la venta de combustibles a precio diferenciado en territorio nacional a choferes del país vecino.
El diputado supraestatal, Adolfo Mendoza, en entrevista con La Razón Radio, informó que el jueves, el Parlamento Andino determinó convocar al Tribunal de Justicia para la siguiente sesión que se efectuaría en enero, después del receso por fin de año.
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“Izquierdas y derechas de Colombia, de Ecuador, de Perú, Chile y Bolivia decidieron convocar por unanimidad al Tribunal de Justicia de la CAN a la próxima sesión plenaria a una acto de fiscalización y control político, porque los argumentos respecto de esta sentencia que nos afecta, y otra sentencia adicional, no son suficientes a juicios de las legisladoras y legisladores”, develó Mendoza.
Recordó que su persona inició una acción de fiscalización a las acciones del TJCA en el que se pidió un informe escrito respecto de los argumentos y de las decisiones procedimentales con relación a la sentencia del Tribunal Andino sobre el caso boliviano que, a la fecha, dieron sus resultados.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió en julio una sentencia contra el Estado boliviano, por diferenciar el precio de venta del combustible para vehículos nacionales y los que tienen placa peruana. Perú presentó la demanda en octubre de 2020 y la sentencia final fue aprobada el 17 de julio de 2023 y emitida un día después.
El fallo ordenaba que en un plazo de 90 días (hasta octubre), desde la notificación de la sentencia, Bolivia adopte las medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico andino.
Prórroga
La semana pasada, el Tribunal Andino concedió una prórroga a Bolivia hasta el 19 de enero de 2024 para adecuar su normativa y aplicar la sentencia que ordena no diferenciar los precios del combustible para vehículos bolivianos y los que tienen placa extranjera, informó el procurador general del Estado, César Siles.
Mendoza también dijo que la incorporación del excanciller Rogelio Mayta al TJCA permitirá coordinar las acciones de Bolivia en el Parlamento Andino y corregir algunos problemas como la designación irregular de Gustavo García Brito como representante de Bolivia en el Tribunal Andino.
“Esperemos que esto pueda ayudar a corregir algunos problemas que Cancillería no visualizó bien en su momento como la presencia del señor García Brito, impuesto por el régimen de (Jeanine) Áñez, como magistrado en el Tribunal de Justicia y que ha lesionado gravemente la posición boliviana al interior del Tribunal, incluso por la sentencia en contra de Bolivia y a favor de Perú respecto del precio de los combustibles”, sostuvo.
Mayta fue posesionado el 15 de noviembre como magistrado del TJCA y ya desempeña funciones en su nuevo cargo.
