El presidente de la Comisión de Justicia Plural, el diputado Froilán Mamani (MAS), indicó este viernes que mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se pronuncie sobre la consulta sobre las elecciones judiciales, no se podrá avanzar en este tema.
“Esperamos que en estos días se pueda pronunciar el Tribunal Constitucional Plurinacional (y) sea de manera responsable, porque sino va a seguir perjudicando el trabajo de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que es una responsabilidad compartida no solo del trabajo de la Asamblea sino también del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.
El 28 de septiembre, el TCP admitió la consulta del Tribunal Supremo de Justicia sobre la viabilidad constitucional del proyecto de ley de las judiciales. Además, esta instancia determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho documento, que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 31 de agosto.
El 7 de septiembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados envió a consulta el proyecto de ley transitoria a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, aparte del TSE, el TSJ y el TCP.
Mamani reiteró que la Asamblea cumplirá con “todo el trabajo que se tenga que cumplir”, pero se debe tener en cuenta que la norma está en consulta y en manos del TCP.
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“Si no retorna la consulta del Tribunal Constitucional Plurinacional vamos a seguir perjudicando el trabajo de la Asamblea, por eso exigimos que el TCP se pronuncie y así garantizar de esta manera la preselección de las autoridades judiciales”.
El 13 de noviembre, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el plazo para que el TCP se pronuncie era el 23 de noviembre.
“Estamos esperando la sentencia del TCP cuyo plazo es el 23 de noviembre y al cual exhortamos (a que) pueda dictar la resolución (sobre las judiciales) lo más pronto posible”, dijo entonces la autoridad, en una corta conferencia de prensa.
El mandato de los magistrados y consejeros, elegidos en 2017 y posesionados el 2 de enero de 2018, culmina el 2 de enero de 2024, por eso el 3 de enero deberían asumir los cargos los elegidos en los comicios inciertos.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que requiere de al menos 90 días para organizar la elección, a partir de la remisión de la Asamblea de la lista de candidatos habilitados a los altos cargos judiciales.
