En medio de una profunda crisis institucional sin precedentes, el 25 de julio, la Universidad Mayor de San Simón recordará el 85 aniversario de la autonomía universitaria (AU), su principio constitutivo y el horizonte de la llamada “reforma universitaria”, un proceso continental de modernización y democratización de la enseñanza superior. Días atrás, desde posiciones radicales y antagónicas, estudiantes y profesores se han enzarzado en una acre disputa sobre el significado de la autonomía para justificar sus demandas.
En realidad, la AU es un verdadero carrusel semántico; en torno a ella se articulan ideas relativas a la libertad de pensamiento, a la creación de instituciones académicas y planes de estudio, a las modalidades de elección de autoridades y profesores y, en fin, a las prerrogativas para elaborar y ejecutar un presupuesto. La AU es un principio de organización y gobierno, pero también constituye un valor en sí mismo. En términos sociológicos y simplificando un poco, supone una modalidad de relación con los gobiernos y con la sociedad civil. Ahora bien, la masificación estudiantil, la diversificación institucional, la revolución del conocimiento, la educación intercultural, entre otros acontecimientos, han vuelto más compleja la tarea de trazar las fronteras y los contenidos de la autonomía.
Así, con relación a los gobiernos, la AU ha dejado de tener el mismo significado que en el pasado, cuando la identidad de la universidad se definía por su oposición al gobierno, sobre todo durante el ciclo del autoritarismo militar. Entonces la palabra “autonomía” tenía una connotación subversiva, movilizadora y democrática. La instalación de la democracia representativa y la emergencia de nuevos actores políticos han desarmado en cierta manera esa confrontación histórica, además de impulsar el desafío de encontrar sinergias institucionales entre la universidad y el Estado, sobre todo en el campo de la investigación y el desarrollo.
Creo que la universidad pública ha logrado satisfacer en gran medida las demandas de acceso a la educación superior; la reforma universitaria puede ser leída como un proceso de democratización de la enseñanza. Empero, ella no ha logrado resultados importantes y con relación a la producción de ciencia y tecnología, una demanda claramente subordinada a la función de titulación, y este hecho revela una “separación” con la propia sociedad.
La AU ciertamente es imprescindible para el desarrollo de las funciones académicas, pero ella no puede justificar derechos de extraterritorialidad ni con relación al Estado ni respecto a la sociedad. Es la propia universidad, en uso de su autonomía, la que debe proponer los mecanismos de relacionamiento con ambos interlocutores. Si ella no se reforma, transparentándose, no tendrá en el futuro argumentos para defender su autonomía.
