La Procuraduría General del Estado informó este sábado que los vocales del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto serán sometidos a procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura por la Resolución 245/2023 en el que declinó su competencia para juzgar a Jeanine Áñez por la vía ordinaria en el caso Senkata.
“El recurso de apelación fue admitido, determinando la validez de las apelaciones y revocando la decisión anterior. Esto anula la Resolución 245/2013 del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto y ordena la remisión de los expedientes al Consejo de la Magistratura para el inicio de las acciones legales disciplinarias correspondientes”, señala parte del comunicado institucional de la Procuraduría.
El 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto se declaró “incompetente” para procesar y juzgar por la vía ordinaria a Áñez, al considerar que fue reconocida como presidenta por todos los órganos del Estado y le correspondería el juicio de responsabilidades.
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El viernes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el recurso de apelación por el caso Senkata que se le sigue a Áñez y otras 17 exautoridades, revocó y anuló la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que se declaró incompetente para conocer la causa.
El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunciaba a la presidencia en medio de una crisis expresada en denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Así, dos días después, Áñez tomaba el poder.
Pero, según la Fiscalía, la senadora opositora se proclamó presidenta del Senado y, luego, mandataria del Estado sin el respectivo quórum en la Asamblea Legislativa y vulnerando el reglamento de la Cámara de Senadores. Por ello, fue juzgada y sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.
El 14 de noviembre de ese año, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para “restablecer el orden”. Una jornada más tarde, 10 personas murieron por impacto de bala en Sacaba (Cochabamba), y el 19 de noviembre, otras 10 fallecieron en las mismas circunstancias en Senkata (El Alto).
La Procuraduría señaló que la instancia jerárquica corrigió el “fallo ilegal y arbitrario” que emitió el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto. Agregó que esta revocatoria es un homenaje “de los mártires, heridos, presos y torturados en las masacres de Senkata y Huayllani”. “Es un imperativo un juicio ordinario que sea ágil y haga justicia”.
