Desde solicitudes de amnistía para presos y autoexilados políticos hasta demandas de atención a las regiones le esperan al papa Francisco durante su visita la semana próxima a Bolivia.
Un grupo de familiares de opositores al gobierno, encarcelados por un caso de secesionismo en 2009 que no prosperó, iniciaron protestas públicas en Santa Cruz, la ciudad del este de Bolivia donde el papa desarrollará el grueso de su actividad.
«Somos madres, esposas, hijas e hijos, hermanas y hermanos de 34 familias cruceñas que reverenciamos a su Santidad, el papa Francisco, para que interceda ante el Gobierno de Evo Morales y decrete una amnistía general a todos los acusados», plantearon en una carta entregada al cardenalato de esa región.
Estos están acusados de armar una milicia civil para iniciar una guerra secesionista en la próspera región de Santa Cruz y de supuestamente planear un atentado contra el presidente Evo Morales.
En abril de 2009 la policía abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa y a sus compañeros Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro). En el mismo operativo fueron arrestados Mario Tadic y Elod Toasó, que en febrero fueron liberados.
Sin embargo quedan algunos prisioneros y la Fiscalía General sigue intentando descubrir los nexos políticos y militares de Rózsa Flores, lo que respalda el gobierno pero pone en duda la oposición.
Francisco se encontrará también -salvo que el gobierno negocie con los involucrados- una marcha de protesta de dirigentes regionales de Potosí, quienes quieren hacer notar la supuesta desatención a su región, emporio de la plata en épocas coloniales.
Un grupo civil de La Paz pretende también llegar a Francisco para hacerle conocer fallas en la administración de justicia y una larga lista de supuestas violaciones a los derechos humanos, según el dirigente civil de El Alto, Roberto de la Cruz.
Además «en Bolivia no hay respeto a la Constitución porque ahora (Morales) hace pedir su reelección» para un cuarto mandato, de 2020 a 2025, para lo cual debe modificar la carta magna, protestó De la Cruz.
Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo esta semana en Roma que el papa no diría «específicamente nada de naturaleza política».
Francisco deberá sin embargo escuchar la retahíla de quejas de los delegados de unos 4.000 presos que viven hacinados en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, que van desde retardación de justicia hasta condiciones infrahumanas de detención.
En Palmasola «hay como una revolución total para recibir al papa», sostuvo el sacerdote Leonardo da Silva, respecto a los preparativos por la visita del pontífice.
