El Gobierno de Túnez declaró ayer estado de emergencia en todo el país, una semana después del atentado en el complejo turístico de Susa, en el que murieron 38 personas, la mayoría turistas británicos. Así lo indicó mediante un comunicado la oficina del presidente Beji Caid Essebsi.
El estado de emergencia previsto en la legislación tunecina desde 1978 para aquellas situaciones que suponen un grave peligro para el orden público.
Esta ley otorga poderes especiales de emergencia a la Policía y al Ejército (más autoridad), y también más capacidad al Gobierno.
Además, puede restringir algunos derechos, como el de asamblea pública. Su duración máxima es de 30 días y solo puede ser prorrogado por decreto. La última vez que se declaró esta situación en el país fue en enero de 2011, durante las movilizaciones de la Primavera Árabe, que terminaron con el régimen del gobernante Zine El Abidine Ben Ali. Desde entonces y hasta marzo de 2014 se había renovado constantemente.
Túnez hace frente, desde la revolución, a un avance de los movimientos yihadistas, responsables de la muerte de decenas de policías y militares, y objeto de dos atentados reivindicados por el Estado Islámico (EI) en un espacio de tres meses.
Essebsi, de 88 años, ya declaró la semana pasada que su gobierno tomaría medidas “dolorosas, pero necesarias”. En aquel momento solo concretó que ordenaría el cierre de unas 80 mezquitas. También empezó a filtrarse desde el Gobierno que podría revisarse la “ley de asociaciones”.
El Gobierno del laico Essebi afrontó en su medio año de mandato muchas presiones sociales y políticas. En el plano laboral está sufriendo huelgas y protestas casi todas las semanas.
