Saqueo de tiendas y la toma de un fiscal y un forense como rehenes marcó la tercera jornada de violencia en el municipio de Llallagua, norte de Potosí, de satada tras la violación y asesinato de dos niñas de cuatro años a manos de un adolescente.
Cerca de las 18.30, una fracción de las organizaciones sociales movilizadas decidió tomar como rehenes al fiscal Alfredo Santos y al médico forense Freddy Quispe —quienes llegaron hasta la población para efectuar la segunda autopsia al cadáver de la última víctima, Fabiola M. G.— para canjearlos con Vicente Z. C., de 16 años, autor confeso.
Su traslado a la ciudad de Potosí para resguardar su vida, y la noticia de que purgaría ambos crímenes con solo seis años de reclusión en un centro de rehabilitación de menores, encendió la furia del pueblo que exige que el adolescente les sea entregado.
El jueves, los movilizados saquearon y apedrearon tres instituciones policiales y prendieron fuego a la Defensoría de la Niñez y el Servicio Legal Integral de la Alcaldía y a dos casas de los familiares de Vicente Z. C. La Policía se replegó a Oruro, por lo que militares del Regimiento Illimani de Uncía ingresaron a patrullar la población a la medianoche del jueves.
Preacuerdo. A las 01.00 de ayer, la comisión formada por el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, arribó a esa localidad para tratar de apaciguar el conflicto. Tras cuatro horas de negociación con la dirigencia cívica y llegar a un preacuerdo, a las 05.00 suspendieron la reunión. El Ministerio de Justicia ofreció constituirse en parte querellante para solicitar el traslado del menor al Centro de Rehabilitación de Calahuma, Viacha (actualmente se encuentra en un hogar de huérfanos en la capital potosina).
El arribo el 15 de julio de técnicos de la cartera de Justicia para explicar a la población el sistema penal y el cambio de los fiscales y de todo el cuerpo policial era parte de los compromisos, informó Jiménez. El Ministerio de Gobierno ofreció enviar un equipo para que elabore un Plan de Seguridad Ciudadana y ayude a conformar una guardia edil.
La entrega del antisocial impidió la suscripción del acuerdo. A las 08.00, la paz parecía retornar, los militares se replegaron, los vehículos empezaron a circular y el comercio abrió sus puertas, sin embargo, la calma fue rota por una turba de jóvenes que comenzó a saquear tiendas, dijo el representante del Defensor del Pueblo, Marco Colque.
En medio de ese ambiente caldeado, el presidente del Comité Cívico, Jesús Camacho, fue agredido físicamente cuando intentaba socializar en la plaza los alcances del preacuerdo. Cerca de las 15.30, los militares intentaron nuevamente ingresar a la población, pero esta vez los vecinos lo impidieron.
Minutos más tarde, arribaron dos médicos forenses y dos fiscales para realizar una segunda autopsia a la pequeña Fabiola M. G. —que desapareció el 7 de mayo y cuyo cadáver fue hallado el miércoles 27— a pedido de la familia y los pobladores, que dudan de la data de su muerte.
El fiscal Santos, antes de ser tomado rehén, explicó a la gente apostada alrededor del hospital Madre Obrera, que las muestras del cuerpo de la niña serían enviadas a La Paz para que sean devueltas a la brevedad posible.
Esto no convenció a los pobladores que decidieron retener a un fiscal y un forense y pedir su canje por el antisocial. Los rehenes fueron llevados a la Alcaldía que fue sitiada por los manifestantes. “Nosotros vamos a ver que no sean agredidos ni maltratados, pero también apaciguar los ánimos”, prometió el alcalde electo Artemio Mamani.
A las 21.00, el dirigente vecinal Rigoberto Ojeda comunicó que poco a poco los vecinos retornaban a sus casas. “Si la gente se retira, vamos a hacer que el fiscal y el forense salgan a Oruro”. Esto permitiría reanudar el diálogo.
Temen que su casa sea tumba de otras niñas
Juan Mejía
Vicente Z. C., de 16 años, dejó la escuela desde el nivel básico. Se dedicaba a arreglar bicicletas y su taller siempre estaba lleno de niños y niñas. Sus vecinos temen que en su casa estén enterradas otras pequeñas reportadas como desaparecidas en este municipio del norte de Potosí. El adolescente vivía en el inmueble, incendiado y saqueado el jueves, con tres hermanos (dos mujeres y un varón) y sus padres.
En cada una de las habitaciones hay gran cantidad de ropa quemada, ropa interior de niñas, pequeñas polleras, zapatitos, gorritos, falditas, entre otros. “Parece que iban al campo y secuestraban a niñas para traerlas hasta Llallagua. Mamás campesinas llegaban para reclamar, pero la Policía y la Fiscalía no les hacían caso”, comentó una vecina.
Quienes participaron del asalto a la casa cuentan que en la habitación más grande encontraron santos con velas, dos monos disecados y sangre. Debido al fétido olor del cuarto creen que en él hay otras víctimas enterradas. “Nunca sospeché nada de este chico, sus hermanos y sus padres todos vivían sin levantar ninguna sospecha”, apuntó otra.
Los pobladores manifestaron que la familia ya no se encuentra en Llallagua y que podrían estar en Oruro. En el momento de la detención el adolescente dijo que también su padre ha cometido el delito de violación y asesinato. “No soy yo solo, hay más gente”, habría dicho a la Policía, que no actuó y les dio tiempo de huir.
No existe acuerdo, el peligro continúa
Gonzalo Lazcano: Viceministro de Seguridad Ciudadana
La Policía va a retornar a Llallagua el lunes, se va a cambiar a todo el personal, se dotará de expertos en trata y tráfico. Mientras tanto, los propios vecinos van a continuar resguardando la seguridad con la ayuda de los militares del regimiento de Uncía
Marco Colque: Representante Defensor del Pueblo Llallagua
Las autoridades (locales) han perdido el control, los pobladores no están de acuerdo con el preacuerdo propuesto por la comisión del Gobierno porque lo que quieren es que se devuelva al autor de los crímenes. Se tomaron rehenes y no había ninguna autoridad
Diego Jiménez: Viceministro de Justicia
No podemos acceder a devolver al menor a Llallagua, porque eso no es competencia del Órgano Ejecutivo y porque tampoco sería aceptable en el marco de un Estado de derecho porque nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Sería un delito.
