Hace pocos días, WikiLeaks filtró correos electrónicos y otros archivos de la empresa italiana Hacking Team. A través de esa información, nos hemos enterado de que seis países latinoamericanos utilizan los servicios de vigilancia de esta empresa: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. De hecho, varias reparticiones de gobierno y gobiernos regionales mexicanos en conjunto son los mayores clientes de Hacking Team.
Esta empresa ha vendido a varios países en todo el mundo, y no solo a países democráticos como defienden sus portavoces, un sistema de control remoto, un software de nombre Da Vinci (triste coincidencia, pero ninguna relación con el software de impuestos boliviano) que es capaz de acceder e incluso romper el cifrado de historiales de navegación, archivos y correos electrónicos incluso si han sido borrados; conversaciones de skype y otros servicios de voz de internet (VoIP) así como servicios de mensajería instantánea. Este sistema hace posible la localización de personas e identificación de sus contactos, y permite activar a distancia cámaras y micrófonos, con lo que permitirá escuchar conversaciones que no suceden en web, pero sí con la presencia de un smartphone. Puede infectar sistemas operativos windows, mac, linux, iOS, android, symbian y blackberry. Es decir, todo un complejo sistema de vigilancia estatal que no está normado y cuyos procedimientos no son transparentes.
Bolivia no está usando este tipo de servicios de vigilancia apoyados en tecnología, pero es muy probable que lo comience a hacer, porque su utilidad para labores de inteligencia (prevenir delitos o preservar la seguridad nacional) es obvia. El peligro en esta práctica es que no existe un marco legal que norme el uso de sistemas de vigilancia y que exija permisos judiciales para utilizarlo, y que además deba ser transparentado después de un tiempo; así que el Gobierno podría espiar en las comunicaciones personales de todos los ciudadanos sin que nos enteremos y sin ninguna sanción legal.
Una peligrosa posición común en Bolivia y otros países, porque deja abierto el camino para el uso de sistemas de vigilancia masiva; es decir que como uno no tiene nada que ocultar, no tiene por qué preocuparse por un sistema como éste. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas: 1) que el Gobierno no tiene derecho a espiar nuestras comunicaciones, eso va en contra de los derechos humanos; y 2) que hay gente que requiere cuidar sus comunicaciones debido a la naturaleza de sus ocupaciones y hacen un servicio social, personas como periodistas y activistas. Y como sociedad, debemos preservar su seguridad, su libre ejercicio de expresión y de asociación.
