La Policía brasileña allanó hoy la vivienda del expresidente y actual senador Fernando Collor de Melo (1990-92), en el marco de una gigantesca operación en varios estados para hallar nuevas pruebas de la causa de corrupción en la estatal Petrobras.
Los 53 procedimientos fueron ordenados por la Corte Suprema, responsable de juzgar los casos que involucran a políticos con cargos vigentes, en la trama delictiva que le costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a la petrolera.
«Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas», dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.
Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de «invasiva y arbitraria» la operación, que a su juicio busca «alimentar el clima de terror y persecución para intimidar futuros testigos», según un comunicado de su defensa divulgado en Twitter.
«La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, sea un expresidente, un senador de la república o un simple ciudadano», añadió.
La policía allanó tanto su residencia en Brasilia, como la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado.
La operación alcanzó a otros políticos, como el senador Ciro Nogueira y al diputado Eduardo da Fonte, ambos del Partido Progresista (PP, aliado del gobierno), según medios de prensa.
Ninguno de los organismos que trabajan en las pesquisas confirmó a la AFP los nombres de los funcionarios cuyas residencias, oficinas o asesorías legales están siendo allanadas en seis estados y la capital, Brasilia, ya que todos los procesos están bajo secreto de sumario.
Las investigaciones del llamado «Petrolao» puso en la mira de la Justicia a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones de seis partidos políticos distintos.
La gigantesca red de corrupción que se enquistó en Petrobras durante una década fue revelada en la llamada «Operación Lava Jato» (lavadero de autos), que echó luz sobre una confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos, que alcanzó de lleno al oficialista Partido de los Trabajadores (izquierda) y dejó en una situación delicada al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
