Días atrás, la presidenta de la Aduana Nacional anunció que en agosto se va a reunir con su par chileno con el propósito de establecer controles fronterizos contra el contrabando de ropa usada. Ciertamente se trata de una acción necesaria para erradicar una actividad que merma las opciones de la industria nacional de proveer vestimenta de calidad a la población.
En efecto, si bien la coordinación entre ambas instancias encargadas del intercambio comercial en las fronteras resulta un paso relevante para mitigar la internación al país de manera ilegal una mercancía que socava la posibilidad de generar capacidad de producción en materia textil de alta calidad, es aún insuficiente para materializar las potencialidades del país en este rubro, quedando truncas día tras día porque se necesitan medidas estructurales que pasan por requerimientos financieros, operativos, tecnológicos, logísticos y laborales. En resumidas cuentas, en la industria textil hay problemas en todos los flancos, que tratan de solucionarse con respuestas que, de manera simplista, se limitan a una acción de coerción, lo que significa un paliativo para una estructura productiva que viene languideciendo desde hace mucho tiempo.
Un primer y determinante factor que impide la consolidación del sector está asociado al tamaño, acceso y satisfacción del mercado (externo o local) con la producción interna de prendas de vestir. A priori se podría inferir que ninguno de los mercados le significa estabilidad. El externo es altamente competitivo en precio y calidad, además de estar restringido por los requerimientos de prontitud, oportunidad y volumen. El interno está infectado por la importación ilegal vía contrabando de ropa usada.
Segundo, no existen políticas ni mucho menos acciones concretas de parte de alguna repartición pública que promuevan el sector textil del país. Hasta el momento no se evidencia ninguna campaña masiva a nivel nacional que incentive el consumo de prendas de vestir producidas por factorías nacionales, con el fin de generar una demanda estable que al menos les asegure ingresos para que sigan operando y les permita cubrir sus costos, además de obtener una rentabilidad. Por último, la necesidad de generar una alternativa económica para quienes están inmersos en la provisión de ropa usada debe estar estrechamente ligada a su capacidad de comercialización, creando incentivos para que exista una sustitución hacia la vestimenta nueva “hecha en Bolivia”.
Resulta aberrante ver a bolivianos y bolivianas vistiendo harapos extranjeros, a tiempo que se evidencia el desperdicio de la potencialidad textil (pública y privada) nacional, capaz de vestir con calidad y dignidad a los habitantes del país. Por ahora, punto alto para la Aduana Nacional en esta su intención de luchar para dejar de ser un país “ropavejero”.
