El conflicto por las demandas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) cumple hoy 21 días y 15 de movilizaciones en la ciudad de La Paz, sin visos de solución y con acusaciones de ambos lados que se imponen frente a los llamados al diálogo y las ofertas de mediación.
Entretanto, las calles aledañas a la plaza Murillo amanecieron una vez más bajo fuerte custodio policial y las salidas de buses a Potosí, Sucre y Tarija permanecen suspendidas debido a los bloqueos que se mantienen en la Villa Imperial.
Esta mañana, la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, reiteró que la dirigencia cívica de Potosí actúa en función de objetivos políticos y, como ayer lo hizo su colega de Gobierno, Carlos Romero, acusó al principal dirigente de Comcipo, Jhonny Llally, de no acatar las decisiones que toman las mayorías.
“Vemos que el día domingo Comcipo decide entablar el diálogo y se llega a un acuerdo…y resulta que el día lunes dicen que ahora consultarán a Potosí. Entonces ellos vienen con un mandato y tienen que volver hacia atrás, eso es algo que no se entiende y por ello no se puede hablar de un tema que no sea político”, dijo Ramos durante una entrevista en Cadena A.
Llally respondió que esta es una mala información proporcionada por los “infiltrados de Inteligencia” que tiene el Gobierno, ya que la organización cívica se encuentra compuesta por más organizaciones de las que supuestamente se habrían pronunciado el domingo en La Paz a favor del diálogo. Según las autoridades del Gobierno, ese día representantes de 13 de 23 organizaciones potosinas se habrían pronunciado por iniciar el diálogo con los ministros.
El presidente de Comcipo dijo que ayer se tomó una posición oficial en consulta con Potosí y que esta determina mantener las movilizaciones hasta lograr una reunión con el presidente Evo Morales, posibilidad que esta mañana volvió a descartar la ministra Ramos.
Anoche el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, acusó a los cívicos de promover actos violentos en busca de bajas. Dijo que en La Paz estarían planificando ingresar a plaza Murillo y en Potosí la destrucción de torres eléctricas.
Llally rechazó esta mañana la acusación y aseguró que este tipo de acciones son característica en el Gobierno, pero no en la dirigencia cívica que, por el contrario, “está en contra de la violencia y de destruir patrimonio del Estado”.
“Son calumnias que difaman al departamento de Potosí. Quieren satanizar e inculparnos haciéndonos ver como personas malas, delincuentes y terroristas… Por si caso, nosotros no tenemos sicarios, no ponemos inteligencia alrededor ni tenemos armas como ustedes”, afirmó en declaraciones a la Red UNO.
Y mientras continúan las acusaciones de ambos lados las ofertas de mediación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Central Obrera Boliviana no encuentran eco en las partes.
“¿Qué podemos mediar? Una mediación es cuando hay dos partes que están totalmente desencontradas, pero aquí nosotros estamos dispuestos a dialogar, a explicar lo que se ha avanzado en los temas que son importantes”, dijo la ministra Ramos.
