El portavoz del Gobierno salvadoreño, Eugenio Chicas, dijo hoy que el Ejecutivo «está abierto» a una investigación de la Fiscalía por la «presunción» de un pacto entre el Gobierno y pandilleros, tras el surgimiento de una propuesta de diálogo de parte de los grupos criminales.
La Fiscalía salvadoreña abrió una investigación para determinar la existencia de dicho pacto, que tendría como fin reducir los índices de violencia en el país, confirmó un portavoz judicial Las dos principales pandillas de El Salvador, MS-13 y Barrio 18, remitieron una carta el pasado 15 de junio al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la que proponían la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno.
En diferentes ocasiones el Gobierno salvadoreño ha mostrado su animadversión sobre la posibilidad de entablar un pacto con las pandillas como en 2012, cuando el Gobierno del expresidente Mauricio Funes propició una tregua entre dichos grupos, con lo que logró disminuir los homicidios diarios de 12 a 5.
No obstante, a la ruptura de esta tregua las autoridades de Seguridad atribuyen un incremento del 57 por ciento de los homicidios en 2014.
«El Gobierno se mantiene abierto a todo proceso de investigación que el señor fiscal de la República pueda realizar en esa dirección, (…) es obligación de nuestro gobierno abrir las puertas y facilitar todo lo necesario», expresó Chicas.
Estas declaraciones surgen en respuesta a la apertura de una investigación de la Fiscalía por la «salida» de una carta, supuestamente firmada por líderes de las principales pandillas, recluidos en una cárcel de máxima seguridad, en la que proponen al Ejecutivo «establecer acuerdos» para «alcanzar la paz».
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, expuso en rueda de prensa que «la Fiscalía está en su derecho de hacer ese tipo de investigaciones» y que el Gobierno también tiene un «proceso propio» sobre el origen de la citada carta.
Las autoridades de Seguridad de El Salvador atribuyen a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias los altos índices de violencia que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.
Datos del Instituto de Medicina Legal (IML) revelan que en el primer semestre del 2015 los asesinatos aumentaron en un 55,7 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.
