El procurador General del Estado, Héctor Arce, reveló este martes «un principio de acuerdo» con la empresa Jindal Steel Bolivia, respecto al arbitraje que planteó esa firma india contra el Estado boliviano ante la Corte de Comercio Internacional (CCI).
Arce aclaró que el ‘principio de acuerdo’ fue alcanzado hace dos meses atrás aunque recalcó que no existe nada en concreto porque «sólo son principios de acuerdos» alcanzados en la ciudad de Washington, Estados Unidos, bajo la dirección del ministro de Minería, César Navarro.
«Hay un principio de acuerdo que se arribó en la ciudad de Washington aproximadamente hace dos meses, que se llevó a cabo bajo la dirección del ministro de Minería, César Navarro, pero solamente son principios de acuerdo, no hay todavía nada concreto», manifestó.
Acotó que todavía se debe esperar a que las negociaciones tomen cuerpo para que «finalmente, si es que hay un acuerdo, se pueda solucionar los dos arbitrajes que existen».
Arce recordó que actualmente Bolivia tiene en su contra dos arbitrajes presentados por la Jindal ante la CCI. Uno de ellos contra la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por ejecutar dos boletas de garantía y otro contra el Estado boliviano por daños y perjuicios.
«Hay un segundo arbitraje donde sí participa el Estado boliviano, que ha sido demandado indebidamente el Estado boliviano, donde objetará la jurisdicción de la CCI, y que de llegarse a un acuerdo, ambos arbitrajes deben ser cerrados», subrayó.
En 2007, Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de la Jindal Steel & Power (JSP), suscribió un contrato con la ESM para desa-rrollar y explotar el yacimiento de hierro del Mutún en Santa Cruz. El 15 de abril de 2010 la firma estatal decidió ejecutar las dos primeras boletas de garantía de la Jindal, que sumaban $us 18 millones, por la falta de renovación de la garantía. Frente a esta decisión, la compañía presentó una demanda arbitral en contra de la ESM ante la CCI en París, Francia.
El 4 de mayo de 2012, el Gobierno ejecutó una segunda boleta de garantía por unos $us 18 millones debido a un supuesto incumplimiento de la Jindal en sus compromisos para seguir al frente de la explotación del yacimiento. La JSP presentó en 2014 un segundo arbitraje contra el Estado boliviano y la ESM por unos $us 100 millones.
