El exprefecto de Pando Leopoldo Fernández enfrenta un litigio por delitos de orden público por la masacre de El Porvenir, razón por la que su proceso continuará, inclusive si todas las víctimas desisten de continuar el juicio, explicaron abogados y exmiembros del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Fernández.
Ayer, el senador Arturo Murillo presentó los desistimientos al proceso contra Leopoldo de Jorge Borobobo Vaca, de Norah Montero viuda de Bernardino Racua (fallecido en Porvenir) y de Carlin Haensel Inuma, representante de las víctimas del 11 de septiembre y exdiputada del MAS.
Para el abogado de Fernández, Karlo Brito, los desistimientos significan que el proceso “no puede continuar”, en lo que respecta al caso de estas tres personas. Sin embargo, a juicio del abogado Freddy Panique, exmiembro del citado comité, los delitos por los que está procesado Fernández son de orden público y por más desistimiento que haya, el Ministerio Público tiene la obligación de seguir el juicio como representante del Estado y la sociedad. Fernández es acusado por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves, por la muerte de 13 personas en Porvenir (Pando), en 2008. A ese criterio se sumó Roberto Quiroz, abogado y exmiembro del citado comité.
