Comcipo exigió la liberación de los detenidos ayer como condición para reanudar las negociaciones con el Gobierno. Mientras, organizaciones de cinco provincias del norte de Potosí, autoidentificadas con el llamado proceso de cambio, amenazan con cercar la Villa Imperial.
La nueva demanda no anula ninguno de los cuatro requisitos previos de la organización cívica: transmisión en directo por medios estatales y privados, cantidad irrestricta de delegados y profesionales, diálogo por tiempo y materia y, sobre todo, la presencia del presidente Evo Morales en la suscripción de los acuerdos.
“Queremos que el señor Presidente (Morales) esté presente para que firme (…) los ministros no han cumplido”, dijo anoche el principal dirigente cívico, Johnny Llally. Tras el nuevo aborto del diálogo ayer se desató la violencia en La Paz, donde se calcula que están movilizados unos 7.000 pobladores de Potosí que exigen dialogar con el Jefe del Estado un pliego de 26 demandas.
El edificio donde funcionan los viceministerios de Régimen Interior y Policía y el de Seguridad Ciudadana fue apedreado y atacado por mineros, con cachorros de dinamita, y ocho ministros y cuatro viceministros tuvieron que huir por el techo. La jornada dejó al menos 52 arrestados, tres heridos, dos vehículos oficiales dinamitados y cuatro incendios forestales intencionales, denunció el vicepresidente Álvaro García.
“Quiero decirle al pueblo de Potosí que el Gobierno no va a cerrar nunca las puertas del diálogo, pero está claro que se tienen que crear condiciones que garanticen que no vuelvan a suceder este tipo de atentados”, agregó. García acusó a los dirigentes de Comcipo de “soberbios” e “irresponsables”, de promover la violencia, de perseguir “un proyecto político” y pretender arrastrar a Potosí “al desastre”. “Su sacrificio está siendo manipulado por camarillas de personas que quieren tener su partido y cargos públicos, no se explica de otra manera el rechazo al diálogo”, sostuvo.
Respecto a la condición que frustró el acercamiento entre él y los cívicos, García insistió en que Morales “va a estar al final del encuentro. Ya explicó el ministro (de Gobierno Carlos Romero) las atribuciones constitucionales del Mandatario. El presidente Evo recibe oficialmente los acuerdos”.
La capital potosina, que cumple hoy 18 días de un paro general indefinido con bloqueo de caminos, soporta la escasez de alimentos, medicinas y carburantes. Ayer, las localidades de Vitichi y Caiza se sumaron a la medida, al igual que un ayllu del distrito indígena de Coroma.
El comité demanda la construcción de un complejo y una planta hidroeléctrica, tres hospitales, dos represas, un paquete de proyectos viales, tres fábricas (vidrio, cal y cemento), energía eólica, un aeropuerto internacional, la preservación del Cerro Rico y el traslado a Potosí de las oficinas centrales de la Comibol, entre otros. De los 26 puntos, el Ejecutivo informó que seis se ejecutan o tienen fecha de inicio (hospitales de tercer nivel para la capital, de segundo nivel en Llallagua, relleno del Sumaj Orko, ítems, etc.); tres fueron rechazados (reposición de la zona franca en Uyuni, aeropuerto internacional y una fábrica de cemento en Coroma) y el resto o no tienen fecha o faltan estudios. Además, hay peticiones que deben ser atendidas por la Gobernación y las alcaldías. “Estamos predispuestos, hemos puesto las condiciones, tenemos que arreglar este conflicto, pero exigimos que sean liberados nuestros compañeros”, puntualizó Llally.
Con relación a las acusaciones vertidas por el Vicepresidente en sentido de que la movilización tendrían fines políticos, el dirigente dijo a la red ATB: “Somos obreros, mineros comerciantes, transportistas, médicos, campesinos, es el pueblo que solo le pide que cumplan los documentos que han firmado”.
Amenazas. Entretanto, en Potosí se efectuaron dos encuentros tras los enfrentamientos de la jornada. Una reunión ampliada del Consejo Consultivo de Comcipo resolvió el embanderamiento general del departamento, exigir la liberación de los detenidos en La Paz y masificar los piquetes de huelga de hambre.
“De no escuchar el Gobierno, se preverá la gran marcha de la potosinidad a La Paz”, advierte la resolución. Comcipo recibió el apoyo del Comité Cívico Pro Ciudad de El Alto. Fermín Mamani, representante de este sector, informó que emitieron un voto resolutivo en apoyo a las demandas del pueblo potosino.
“Estamos en emergencia, si no hay soluciones, mañana (por hoy), iniciaremos un piquete de huelga de hambre en la Federación de las Juntas Vecinales de nuestra ciudad”, dijo el dirigente, quien visitó el coliseo donde se alojan los manifestantes.
Del otro lado, organizaciones sociales y asambleístas de las cinco provincias del norte y 14 municipios, de los 40 con los que cuenta ese departamento, dieron 24 horas a la dirigencia cívica para desmovilizar, desbloquear y volver a la normalidad las actividades públicas y privadas en la ciudad capital.
“Caso contrario, los pobladores de las cinco provincias cercaremos Potosí en la fecha y puntos definidos estratégicamente entre las autoridades”, dice la resolución, que desconoce la representatividad del ente cívico y su pliego de demandas y le responsabiliza de lo que pueda pasar.
El martes, el diario El Potosí dio cuenta de la amenaza de campesinos afines al Movimiento Al Socialismo de cortar el suministro de gas natural a la Villa Imperial y de ir a despejar los caminos de bloqueadores. La federación de campesinos y las “bartolinas” de Oruro se declararon en emergencia en defensa del Gobierno y no descartaron trasladarse a La Paz, reportó ATB.
Revilla pide no usar la violencia
Carta
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, envió ayer una carta a la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) para pedir que evite el uso de la violencia en las manifestaciones que realiza en el centro paceño. “No creo que sea imprescindible dinamitar las calles, la ciudad, para hacer escuchar sus demandas. Nos parece absolutamente innecesario este despliegue de acciones que ponen en zozobra al conjunto de la ciudadanía”, dijo a Panamericana.
