México abrió la puerta a la extradición a EEUU del capo Joaquín El Chapo Guzmán en caso de que la búsqueda con ayuda internacional emprendida por las autoridades dé frutos, una posibilidad que hasta hace poco era rechazada por el Gobierno.
Aunque México y Washington han dado versiones encontradas sobre la fecha en que EEUU presentó la solicitud de extradición del líder del cártel de Sinaloa, lo cierto es que la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado un giro radical.
Muestra de ello es la orden de aprehensión con fines de extradición emitida esta semana por un juez mexicano contra El Chapo a petición de la Procuraduría General de la República en respuesta a una solicitud de Washington.
Según la DEA (oficina antidrogas estadounidense), que acaba de incluir al capo en la lista de fugitivos más buscados y ofrecer cinco millones de dólares por información que lleve a su captura, Guzmán se enfrenta a decenas de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos en Arizona, Texas, California y Nueva York.
El subprocurador Jurídico, José Alberto Rodríguez, dijo a Milenio Televisión que la petición de extradición de El Chapo llegó la segunda quincena de enero, pero la Fiscalía la rechazó “porque faltaban algunos requisitos legales por cumplirse” y la devolvió a EEUU por conducto de la Cancillería.
A finales de enero, el entonces fiscal general mexicano, Jesús Murillo, declaraba que Guzmán tendría que “cumplir su condena en México” antes de ser extraditado a EEUU, lo que podría producirse “unos 300 o 400 años después”.
En esos días estaba por llegar la petición formal de extradición de EEUU, de acuerdo con el fiscal, que afirmó entonces que ese proceso solo era apropiado cuando hubiera motivos de seguridad o riesgo de fuga, algo que —dijo— no existía.
Seis meses después, la fuga dejó en evidencia no solo a Murillo, que salió de la Fiscalía en febrero arrastrado por la crisis generada por la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero, sino al propio Peña Nieto, quien en 2014 llegó a asegurar que un segundo escape de Guzmán sería “imperdonable”.
