La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de Ley 232, norma que sugiere postergar la fecha de vigencia plena de la Ley 439 de Código Procesal Civil y la Ley 603 de Código de Familias y del Proceso Familiar (denominados Códigos Morales) hasta el 6 de febrero de 2016.
Ambas normativas debían regir desde este 6 de agosto, pero no se las puede implementar porque falta que sean socializadas, indicaron el presidente del Senado, José Gonzales, y el procurador general, Héctor Arce. Por ese motivo se optó por diferir su aplicación. El borrador de ley fue remitido al Senado para su revisión.
El artículo 2 del citado proyecto de ley modifica la disposición transitoria primera del Código Procesal Civil, estableciendo su vigencia plena para el 6 de febrero de 2016, fecha del inicio de su aplicabilidad.
Hemiciclo. Además, se modifica la disposición adicional primera referida al plan de implementación del Código Procesal Civil, en la que establece que la Sala Plena del Consejo de la Magistratura elaborará el Plan de Implementación de este Código dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la ley, en consulta con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Escuela de Jueces del Estado, un representante del Ministerio de Justicia y las cámaras de Senadores y Diputados.
La propuesta de modificación crea una comisión especial como instancia de decisión y de fiscalización del proceso de seguimiento e implementación de los Códigos Morales, la misma que será presidida por las o los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa.
En el Código de las Familias y del Proceso Familiar, el proyecto de ley modifica la disposición transitoria primera, en la que establece que esta norma entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016 y será aplicable a los procesos presentados a partir de esa fecha.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, resaltó la conformación de la comisión especial que establece una serie de actividades y acciones que serían necesarias para profundizar el trabajo de socialización en los administradores de justicia. “Como mandato de ley solicitamos que las universidades del sistema público inicien programas que serán cortos y que permitan la capacitación en el nuevo Código Civil”, dijo.
Al respecto, en Sucre, la consejera Cristina Mamani, sugirió habilitar el trabajo en los juzgados de conciliación. “Consideramos que es necesario que los conciliadores ingresen a trabajar porque se ha gastado recursos económicos, se ha hecho las compras de equipamiento y mobiliario que ya están instalados en los distritos. Pedimos a la Asamblea que pueda tomar en cuenta la vigencia anticipada de los jueces conciliadores”, manifestó.
El presidente del TSJ, Jorge von Borries, sugirió que, antes de que comiencen sus funciones en el marco de un periodo de transición, los 157 jueces conciliadores del país pasen a depender del TSJ. Es decir, que el 50% de los jueces conciliadores socialicen esa ley, mientras que el otro 50% forme parte de un nuevo plan de agilización procesal.
Funciones de la comisión
Proyecto
El proyecto de Ley 232 amplía la competencia de la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil, para que también trabaje sobre del Código de las Familias y del Proceso Familiar.
