La contratación de “detectives privados” para efectivizar el pago de una deuda es algo corriente en el país. Según señala una nota publicada por este diario el pasado domingo, estas personas colocan anuncios en los periódicos para ofrecer sus servicios y también pueden ser contactadas a través de internet. En promedio cobran entre Bs 1.200 y Bs 3.000 para ubicar al deudor, y un porcentaje de la obligación monetaria, que va desde el 2% al 20% del total, para garantizar la cancelación de la deuda. Como es de suponer, para tal efecto recurren a la extorsión, amenazas y a la violencia física.
Para combatir estos ilícitos, antes que formular normas que los sancionen y emprender una persecución contra quienes se dedican a estos oficios, sería más efectivo que el Estado ponga a disposición de los acreedores herramientas que les posibiliten presionar a sus deudores en el marco de la ley. Por ejemplo, en muchos países existen bases de datos que permiten denunciar a quienes tienen deudas con instituciones privadas, edificios (gastos comunes, alquileres, etc.) o terceras personas, y que son consultadas por diferentes instituciones a la hora de proporcionar un trabajo, un crédito o un servicio; lo que contribuye a presionar a los morosos para que honren sus deudas.
