El Ministerio de Justicia anunció ayer que fiscalizará los juicios contra los autores de 40 agresiones sexuales a niños y adolescentes perpetradas en lo que va del año en la provincia Sud Yungas de La Paz, y solicitó a las autoridades municipales que asuman sus competencias.
Nayelí M., de 10 años, violada y estrangulada en Chulumani, fue la última víctima. A raíz de este crimen, la Defensoría del Pueblo denunció un “pavoroso incremento” de estos casos, aseguró que el norte del departamento es una de las regiones más peligrosas de Bolivia para la integridad y vida de las niñas y criticó el “completo desinterés e insensibilidad” de las autoridades nacionales y locales en este problema.
“Vamos a fiscalizar todos los procesos y analizar cuál es la situación de cada uno de ellos”, aseguró el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez.
La autoridad anunció que coordinará con el Ministerio Público para que tenga una presencia más efectiva en la zona y lamentó que no haya autoridades judiciales en el municipio donde Nayelí fue asesinada. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chulumani reportó que en 2015 se cometieron solo en este municipio ocho crímenes similares contra menores de edad. “Se debe realizar una reingeniería en el Órgano Judicial, el mismo que debe ser encarado en la Cumbre de Justicia”, precisó el viceministro.
Responsabilidad. Jiménez dijo que coordinará con los alcaldes de los municipios de esta provincia —Chulumani, Irupana, Yanacachi, Palos Blancos y La Asunta— para que puedan generar políticas públicas en el marco de la Ley 548 o nuevo Código Niño, Niña y Adolescente y les solicitará que asuman sus competencias y responsabilidades.
La cartera de Justicia trabaja en el diseño de políticas públicas macro, pero quienes son los responsables de implementarlas, según la Ley Marco de Autonomías, son gobernaciones y alcaldías. “Es ahí donde tenemos fallas estructurales, sobre todo en las municipalidades, que no han tenido la capacidad de implementar oficinas de atención contra la violencia a la mujer y a la niñez”, precisó.
Según él, las alcaldías priorizan obras cuando deberían administrar mejor sus recursos y dar seguridad y protección de niños y adolescentes.
El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, por su parte, argumentó que debido a la falta de garantías en municipios como Chulumani, los representantes del Ministerio Público no pueden realizar un trabajo efectivo. “Hemos querido reforzar la presencia fiscal en las provincias de La Paz, pero se está tornando un poco complicado (porque) la ciudadanía no reconoce la autoridad”, enfatizó. Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, señaló que lo importante es reconocer que la ciudadanía está denunciando estos delitos para evitar que los culpables queden en la impunidad.
Violencia sexual y la prevención
Autocuidado
La ONG Plan Internacional, que trabaja en la promoción de los derechos de la niñez y está presente en 51 municipios de seis departamentos, recomienda el autocuidado para enfrentar la violencia sexual. Los menores de edad aprenden a identificar riesgos y a reconocer las partes íntimas de su cuerpo. También sugiere fortalecer las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
