La jueza Romy Peredo ordenó anoche la libertad del dirigente indígena Adolfo Chávez e instruyó el retorno a fojas cero del proceso que se le sigue por presunto delito de corrupción en el caso del Fondo Indígena.
Chávez, que fue aprehendido el jueves a requerimiento del Ministerio Público, en el marco de las investigaciones por las irregularidades en el uso de recursos de ese Fondo, se encontraba en celdas policiales, donde se declaró víctima de una acción revanchista del Gobierno.
Ayer, en Santa Cruz, Peredo decidió que el juicio vuelva a cero porque no se respetaron los derechos constitucionales del dirigente, quien debió ser procesado en su idioma como manda el artículo 120 de la Constitución Política.
La información fue proporcionada a la conclusión de la audiencia por el abogado de Chávez, Otto Ritter. “La jueza anuló el proceso porque se violentaron sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 120 en la Constitución, que dice que debe ser juzgado en su lengua materna”, dijo.
La normativa constitucional referida, en su segundo inciso, establece que “toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma” . Clarisa Fuentes, la liquidadora del Fondo Indígena, lamentó la determinación judicial y anunció la presentación de un recurso de apelación en los próximos días.
