El Consejo de la Magistratura instaló una brigada móvil en juzgados de El Alto para recibir denuncias de litigantes que cuestionen el trabajo del personal judicial. El resultado apunta a actuarios y jueces como el personal que más incurre en faltas y delitos por cobros indebidos y dilación de juicios.
La representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, fue la encargada de recibir las denuncias de los litigantes, junto a un equipo de profesionales de su despacho. Los denunciantes, en su mayoría mujeres humildes, tuvieron que hacer filas para ser atendidos, pues tenían una serie de observaciones a sus procesos, en los que incluían a fiscales, aunque estas autoridades están fuera del alcance administrativo de esta instancia del Órgano Judicial.
Entre el martes y miércoles, esta brigada recibió 80 denuncias, la mayoría en contra del personal de apoyo de los juzgados y jueces, según refirió Limachi. Hasta el viernes, día en que concluyó el trabajo, todavía no tenían los datos centralizados.
Los litigantes denunciaron irregularidades en la administración de sus juicios, principalmente en la entrega de las notificaciones a los procesados por parte de los oficiales de diligencias, funcionarios que cobrarían entre Bs 30 y Bs 100 a los litigantes, todo según la distancia que se tenga que recorrer hasta el lugar de entrega.
Esperanza Choque y Jacqueline Alí, dos personas que tienen juicios abiertos en juzgados de El Alto, denunciaron que los actuarios tienen amigos taxistas que hacen el servicio de transporte a un determinado grupo de litigantes para ir a dejar notificaciones. Agregaron las personas que viven cerca tienen que desembolsar mínimamente Bs 30, monto que se incrementa en el recorrido, hasta que el último llega a pagar Bs 100. Dijeron que en los mismos juzgados indican que este trabajo es gratuito, por parte de los oficiales de diligencia, pero lo incumplen.
Situación. Limachi expresó que si bien se recibieron estas denuncias, la verificación de estos pagos se hizo difícil, ya que los oficiales de diligencias negaron esas acusaciones. “Lamentablemente, en este tipo de casos no se entregan recibos”, sostuvo la autoridad y refirió que es difícil comprobarlo. Para estas irregularidades, la representante de la Magistratura sugirió a las víctimas hacer la denuncia con anticipación, para que el funcionario judicial sea sorprendido el momento que recibe el dinero ilegalmente, una acción que se convierte en delito penal.
En lo referido a las sanciones, Limachi señaló que ya se emitió las amonestaciones respectivas en contra de los funcionarios sindicados, mientras que algunos casos merecieron el inicio de un proceso disciplinario. En torno a estas quejas, detalló que a los actuarios que se les sorprenda en pleno cobro pasarán a ser procesados en la Justicia Ordinaria, ya que cometen el delito de cobros ilegales, aspecto que está dentro del Código Penal.
Los malos tratos del personal de apoyo de los juzgados es otra de las quejas constantes, puesto que esta situación se agrava si es que no se les paga lo que piden, según los litigantes. En lo referido a los jueces, las denuncias están relacionadas principalmente con el incumplimiento de plazos procesales en los juicios, las mismas que son atendidas a través de los reglamentos disciplinarios vigentes en el Órgano Judicial. Los litigantes lamentaron que memoriales que tenían que salir en 24 horas, hayan demorado tres o más días.
Denuncias recibidas en el Consejo
Frecuentes
En el primer semestre de este año, en La Paz se recibió un total de 494 (32,8% del total en el país) denuncias contra funcionarios judiciales y se sancionó a cinco. En Santa Cruz se recogió 368 (24,4%) acusaciones y se castigó a uno.
Regiones
En Tarija hubo 103 denuncias y se castigó a 42. Le siguen Chuquisaca con 63 acusaciones; Oruro, 72; Cochabamba, 204; Potosí, 82; Pando, 41; y Beni, 79.
El control llegará a La Paz y a provincias
A partir de hoy, la brigada móvil del Consejo de la Magistratura se instalará en los juzgados de la ciudad de La Paz para recibir denuncias de litigantes que se sientan afectados o detecten irregularidades en el proceso judicial que llevan adelante. La representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, destacó esta labor encaminada a la lucha contra la corrupción. Justificó esta acción de fiscalización, debido a que se encuentra en el marco del control disciplinario sobre los funcionarios judiciales.
Adelantó que la próxima semana se trasladará a juzgados de las provincias, para recibir las denuncias de irregularidades. En el departamento de La Paz hay juzgados en Viacha, Achacachi, Guaqui, Patacamaya, Sica Sica, Palos Blancos, Colquiri, La Asunta, Corocoro, Chulumani, Sapahaqui, San Andrés de Machaca y Tiwanaku, entre otros.
Opiniones
Retraso por rebeldía: Felisa Ticona
Con mi juicio ya estoy dos años. Tenía que durar tres meses. Se tardó porque se declaró en rebeldía. Mi concubino falleció y ahora necesito el matrimonio de hecho para acceder al seguro y aportes de mi esposo. Me aclararon que no necesito esa rebeldía y que el caso debe ser más rápido. Ya he gastado 2.000 bolivianos y debo otros 2.000.
Hay malos cobros: Jacqueline Alí
El padre de mis hijos cambia de dirección y me conminan a ir con la oficial de diligencias para entregar la notificación. En la Magistratura me dijeron que no tengo que ir y que la citación se debe hacer a través de su abogado. Hay malos cobros, el oficial trae a su taxista, nos juntan y cobran lo que les da la gana. Pago 100 bolivianos por distancias largas.
El juez se equivocó: Paulina
El juez se equivocó en la transcripción, debía escribir Huaras contra Baldomero Huaras, pero puso Baldomero contra Baldomero. Por esa situación se suspendió la audiencia en mi juicio que ya tiene ocho años. El juicio se inició por la propiedad de un terreno de mi mamá, que ya no puede caminar y tiene que venir desde Mecapaca hasta El Alto.
Pago 30 bolivianos: Esperanza Choque
La oficial de diligencia nos cobra según la distancia. Mi casa está a dos cuadras y tengo que pagar 30 bolivianos, aunque en este documento dice que la notificación es gratuita. Si la casa está más lejos cobran 100 o 90 bolivianos. En mi juicio por divorcio, el notificador se había equivocado y por eso yo no pagué, ahora se ha agarrado conmigo.
Todo me sale en contra: Dionisia Quispe
Mi cuñada y mi concubino habían falsificado mi firma para vender mi casa, ahora me lo quieren quitar. En el juicio que me siguen, todo sale en mi contra, parece que el juez y mi abogado están comprados. Ahora, el papá de mis hijos me había iniciado otro juicio porque dice que mis hijos no son de él y que, por ese motivo, no me puede dar pensión.
