La reducción de la pobreza en casi todos los países de América Latina constituye uno de los principales logros del reciente ciclo de auge de precios de las materias primas. La magnitud de dicha reducción varía según los niveles anteriores de la pobreza, las dimensiones del excedente redistribuido y las políticas aplicadas, pero los promedios regionales son relevantes y se han traducido en ciertas interrogantes comunes a todos los países.
Mientras se mantenían vigentes las condiciones del auge externo, las preocupaciones de los analistas y operadores de políticas consistieron, en primer lugar, en definir parámetros y designaciones para los grupos sociales que ya no se clasificaban como pobres, pero que tampoco podían incluirse sin mayores recaudos a las capas medias. De ahí derivó su clasificación preliminar como grupos vulnerables, en la medida que corren el riesgo de volver a caer bajo la línea de pobreza si cambian las circunstancias. Conviene recordar al respecto que el aumento de los ingresos de los pobres se debió en gran medida a las transferencias monetarias condicionadas (los bonos) y a las remesas de los trabajadores emigrados.
Una segunda preocupación se orientó a establecer las consecuencias de la nueva situación sobre el diseño mismo de las políticas sociales, considerando que también se había modificado el perfil de las expectativas y las demandas del conjunto de las capas medias urbanas, que habían mejorado en general sus niveles educativos y su acceso a los servicios básicos de salud. Con diferente intensidad, según la situación concreta de los países, está claro que las demandas sociales ya no se dirigen primordialmente a la ampliación de la cobertura de la educación y salud. Las demandas sociales están orientadas ahora a elevar la calidad y pertinencia de tales servicios, a la par que se añade un nuevo tipo de exigencias colectivas relacionadas con la seguridad ciudadana y el transporte público, para mencionar los más destacados. Todo esto implica un aumento del gasto público, así como de la eficiencia de su gestión, en circunstancias en que se requiere llevar a cabo al mismo tiempo una reforma tributaria en profundidad, junto con la instrumentación de un pacto fiscal de largo alcance.
La evidente finalización de la holgura fiscal por el cambio del ciclo de bonanza externa coloca interrogantes de nuevo tipo sobre la situación y perspectivas de las capas sociales que en este momento se ubican entre los estratos propiamente pobres y los estratos más acomodados de la sociedad, habida cuenta de que todas ellas han aumentado sus niveles de consumo en los años pasados, al mismo tiempo que han creado diversas expectativas sobre su futuro ocupacional y, en muchos casos, se han endeudado al calor de las facilidades abiertas por la política crediticia.
Y todo lo anterior ha ocurrido sin que hubieran mejorado sustancialmente la calidad del empleo y la productividad general de la economía. Lo que ha acontecido en cambio es una formidable redistribución de ingresos a partir de los excedentes generados por el auge externo de los precios de exportación, lo que no se traduce obviamente ni en una mejora de la cultura tributaria ni en una mayor cohesión social, fundada en el principio de la redistribución de ingresos entre los distintos estratos de ingreso de la sociedad.
Por consiguiente, la gestión económica enfrenta desafíos diferentes que en el pasado inmediato. Se trata, en efecto, de evitar que los grupos vulnerables retrocedan otra vez por debajo de los umbrales de la pobreza, al mismo tiempo que se generan políticas orientadas a promover el empleo productivo formal en gran escala, con miras a superar la creciente informalidad y el clientelismo político.
