Si el Estatuto Autonómico de La Paz hubiera sido elaborado sobre la base de un diagnóstico y un perfil económico y social del departamento, seguramente se tendría una visión diferente a la que se tiene, y que, de ser aprobada, deberá ser de cumplimiento estricto. Por ejemplo, no se ha tomado en cuenta que el departamento es predominantemente urbano, en tanto el 67% de la población reside en las ciudades y un poco más de un tercio (33%) en el campo. Tampoco se ha tomado en cuenta que los municipios de El Alto, La Paz, Viacha y Achocalla ocupan el 25,3% de la población urbana del país, y de ahí su gran relevancia.
La mirada regresiva del departamento, en la búsqueda estéril de encontrar nuestra identidad originaria (retrocediendo la historia y volviendo al arado), impide ver a La Paz desde una visión urbana y moderna. Por caso, no hay ninguna mención a la metropolización, una estrategia que debiera ser una prioridad en la política pública departamental. Vincular estrechamente a los municipios de La Paz con El Alto, Achocalla y Viacha tendría mejoras provechosas y eficientes en la prestación de servicios comunes como la provisión de agua potable, recojo y tratamiento de basuras, electricidad, atención en salud, etc. Tampoco hay una sola mención al potenciamiento de las ciudades intermedias como centros de apoyo a la producción rural. Claramente la visión es ruralista, indigenista y asentada en los recursos renovables; por tanto, extractivista. Desde esta perspectiva continuaremos dependiendo del precio internacional de las materias primas y no del valor agregado que deberíamos incorporar a los procesos de transformación productiva.
La ruralidad como centro del modelo se asienta en el artículo 53, parágrafo III, en el que se afirma que el desarrollo productivo rural es el fundamento de las políticas de desarrollo del departamento de La Paz. ¿Cómo puede ser esto, cuando las evidencias muestran claramente a un departamento expulsor de población, y cuando una gran parte de la población económicamente activa está abandonando sus lugares rurales de origen?
Hoy en día asistimos a un verdadero éxodo de la población joven, principal actora del sistema productivo, de tal suerte que algunos analistas han denominado a este fenómeno como un proceso de desertificación social rural. Y como el presente Estatuto ha sido elaborado sin analizar la situación del departamento, se coloca el desarrollo productivo rural como el centro. El art. 54 se refiere a la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo productivo departamental, pero nuevamente no se ha tomado en cuenta las condiciones estructurales de un departamento como La Paz que es expulsor de población, especialmente de las provincias rurales. Por tanto, éste no es más que un propósito muy alejado de la realidad.
En definitiva, con este instrumento normativo, La Paz no adelantará, porque hay que comprender definitivamente que el motor de desarrollo pasa inevitablemente por la urbanización. La literatura científica indica contundentemente que ningún país del mundo se ha desarrollado sin haber promovido estratégicamente los procesos urbanos. Bolivia es un país donde siete de cada diez habitantes residimos en las principales ciudades, y se sigue pensando en un modelo trasnochado donde la producción rural sea el centro del crecimiento económico y del desarrollo.
La migración, que es un fenómeno incesante en el departamento (específicamente de origen rural con destino hacia El Alto, principalmente), tampoco ha sido asumida dentro del espectro de las políticas públicas.
Finalmente, la juventud es tratada en el art. 14 como una población a la que solamente hay que distraer con liderazgos juveniles y adiestrarlos hacia el primer empleo; la visión adulto-céntrica de los autores del Estatuto está muy lejos de considerar a la juventud como un actor protagónico y estratégico para el desarrollo socioeconómico del departamento. Ciertamente si se aprueba el presente Estatuto, lo lamentaremos, porque será de ejecución obligatoria. ¡Estamos a tiempo!
