La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz admitió un amparo constitucional en contra del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Lauca Ñ, Cochabamba, y decidió frenarlo.
Dicha acción fue interpuesta por la ejecutiva departamental de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en Santa Cruz, Felipa Yalily Montenegro. En su denuncia, la dirigente calificó de ilegal el encuentro convocado por la dirigencia del MAS, que comenzó el martes.
“Corresponde la otorgación de medida cautelar solicitando se disponga el NO desarrollo del congreso ordinario los días 3, 4 y 5 de octubre de 2023”, dice parte del documento publicado por la red DTV.
“Se ordena suspensión de la Convocatoria X Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre de 2023, esta determinación tendrá efecto jurídico hasta que este Tribunal de Garantías emita Sentencia en la presente acción de defensa”, agrega el texto.
Congreso del MAS
A juicio del diputado del MAS Gualberto Arispe, esa resolución fue emitida a destiempo, toda vez que el congreso de ese partido estaría en la recta final de su realización.
“La redacción está clarísima, pide la paralización, en este momento ya está concluyendo el Congreso, ya va a terminar en unos minutos más, entiendo que es extemporáneo”, dijo.
Además, acusó a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Carla Arancibia y Hernán Seiwald, de haber recibido favores políticos por parte del Gobierno para emitir esa resolución.
“Se les ha ofrecido embajadas de por medio al vocal (Hernán) Seiwald y a la vocal (Carla) Arancibia, son favores que seguramente se han hecho bajo presión”, sostuvo.
Apenas una hora antes de conocerse esa decisión, la Comisión de Política del MAS resolvió declarar como único candidato a su líder, Evo Morales, a quien, además, ratificó como titular de esa fuerza política.
Entre otras determinaciones, decidieron la expulsión del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, además de algunos legisladores oficialistas y una lista de 20 personas más.
Ese encuentro político fue cuestionado desde su anuncio, no solo por las autoridades, también por dirigentes de las organizaciones sociales que respaldan a Arce, quienes lo calificaron de ilegal y convocaron a un cabildo para el 17 de octubre en El Alto.
