Días atrás, en un recorrido por las principales escuelas públicas del Distrito 8 de El Alto, la concejala Nancy Mamani, quien actualmente ocupa la vicepresidencia del órgano deliberativo del gobierno local, pudo constatar in situ las precarias condiciones en las que estudian muchos de los niños que habitan en el segundo municipio más poblado del país.
Y es que, como vienen advirtiendo desde hace años los padres de familia y los medios de comunicación, muchos de los establecimientos educativos de la urbe alteña carecen de muros perimetrales; los pupitres y pizarrones son insuficientes y/o están en mal estado; las puertas, techos y vidrios están rotos o sencillamente no existen; y mejor ni hablar de salas de computación, canchas deportivas, bibliotecas o baños bien equipados.
Por caso, en el colegio Jardines del Sur la autoridad edil pudo observar cómo varios estudiantes pequeños pasaban clases a la intemperie en un aula improvisada con palos y una bolsa nylon a modo de techo, como si fuese una carpa, pero sin paredes laterales, por lo que los niños se encontraban desguarnecidos frente al viento y el frío. En otra aula las maestras utilizaban a modo de pizarrón una cartulina blanca y un plástico transparente. Además, según señaló a La Razón un dirigente vecinal, los padres fueron quienes llevaron a la escuela mesas y asientos para que sus hijos pudiesen tener donde sentarse y escribir.
Como es de suponer, además de perjudicar el proceso de aprendizaje, estas deficiencias ponen en riesgo la salud y seguridad de los estudiantes, especialmente en una ciudad con temperaturas tan bajas y elevados niveles de radiación solar como El Alto; y en donde los robos, extravíos e incluso raptos son algo corriente (recuérdese por ejemplo que, según registros de la Policía, en la urbe alteña se pierden en promedio 13 menores cada mes).
Consultado sobre esta precaria situación, el Director de Educación del gobierno local señaló que la municipalidad ha designado un presupuesto de Bs 25 millones para equipar las escuelas y otros Bs 68 millones para mejorar y ampliar la infraestructura escolar. Sin embargo, varios proyectos destinados a mejorar las condiciones en los colegios tuvieron que ser paralizados, pues se detectaron algunas irregularidades (como la ejecución de obras sin un contrato validado por la Alcaldía), y actualmente están siendo auditados.
Estos hechos ponen en evidencia, una vez más, cómo la falta de institucionalidad en las reparticiones públicas da lugar no solamente a hechos de corrupción, sino que además impide la implementación de servicios estatales de calidad y la ejecución de obras en áreas tan importantes como la educación, la salud, energía eléctrica, agua y alcantarillado; y como siempre, los más perjudicados son los sectores más vulnerables de la sociedad.
