Hasta agosto de este año, la dirección de Régimen Disciplinario del Ministerio Público admitió 397 denuncias contra fiscales y funcionarios de la institución. Por esos procesos, 24 fiscales, principalmente de Santa Cruz y La Paz, fueron destituidos.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, reveló ese dato durante la rendición pública de cuentas del primer periodo de 2015, ante autoridades de los órganos Judicial y Ejecutivo, además de representantes de las Fuerzas Armadas y de sectores sociales.
“De las 397 denuncias admitidas de enero a agosto de este año, tenemos 63 servidores públicos sancionados con multas hasta destituciones; declarados sin responsabilidad son 90 y procesos pendientes suman 244 casos”, explicó y detalló que de los 63 castigados, 24 son fiscales, particularmente de los departamentos de Santa Cruz y La Paz.
En el marco de la lucha contra la corrupción, Guerrero dijo que se creó la Unidad de Investigación Patrimonial, que es la responsable de analizar y verificar el estado del patrimonio de las servidoras y servidores públicos, instancia que recibió 1.188 formularios de empleados que autorizaron ser indagados.
