La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) emitió un informe sobre el seguimiento a las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia en 2019 en Bolivia.
Dicho informe tiene origen en la Mesa de Seguimiento (Meseg) de las recomendaciones planteadas por el grupo de profesionales, que calificó de “masacre” la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía en las protestas posteriores al 10 de noviembre de 2019.
Derrocado entonces el presidente Evo Morales, la senadora Jeanine Áñez se proclamó en su lugar. Nada más al llegar al poder, ella firmó el Decreto Supremo 4078, con el que intentó frenar las movilizaciones en su contra.
Entre las recomendaciones del GIEI tiene está la reparación de daños a las víctimas de la violencia y su acceso a la justicia.
“Continúa siendo de especial preocupación para la Comisión el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances. Al respecto, la CIDH recuerda que es fundamental la coordinación y compromiso de las Fiscalías para trabajar con todas las instituciones en el marco de sus competencias, y lograr impulsar los procesos y garantizar el acceso a la justicia”, dice una de las conclusiones del documento.
Al respecto, el texto señala que el incumplimiento de esa recomendación “radica en las dificultades para un adecuado acceso a la justicia de las víctimas”.
Asimismo, el informe recomienda extender la “reparación integral” a las personas detenidas arbitrariamente; a las personas torturadas, a las personas perseguidas, y a las personas relacionadas a hechos de violencia donde se evidenció la falta de protección y garantías por parte del Estado.
“La CIDH resalta el impacto positivo que ha tenido la ampliación de los mecanismos de ayuda humanitaria que se han implementado para algunas de las víctimas de los hechos de violencia, sobre todo de aquellas personas heridas o familiares de fallecidos en el marco de las masacres de Senkata y Sacaba”, destaca el informe.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el Estado priorizó la atención de 15 de las 36 recomendaciones del GIEI.
“El informe es positivo para el Estado boliviano, pues de las 15 recomendaciones evaluadas, 2 han sido de cumplimiento total, 3 de cumplimiento parcial sustancial, 9 de cumplimiento parcial y una pendiente de cumplimiento”, explicó la autoridad en sus redes sociales.
De las 15 recomendaciones priorizadas, según Lima, “quedaría pendiente de cumplimiento el punto 9”, que señala que el Órgano Judicial debe realizar un control permanente a las investigaciones, para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal.
Los hechos citados por la CIDH ocurrieron el 15 y el 19 de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba, y en Sekanta, El Alto, respectivamente.
La primera acción, 15 de noviembre, ocurrió cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado meses después, a causa de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otro grupo de manifestantes fue reprimido en El Alto, donde otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. En el lugar hubo otra decena de decesos.
Antes, la presidenta Áñez dictó el ahora abrogado Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad a las fuerzas del orden por posibles excesos en el uso de la fuerza ante las movilizaciones que reclamaban por la renuncia de Evo Morales.
Áñez había sumido la Presidencia del país el 12 de noviembre, luego de la renuncia de Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una convulsión social y política que cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que deje el cargo.
Lea el informe completo: https://dev-qa.la-razon.com//www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe_Seguimiento_GIEI-Bolivia_ES.pdf
