Tailandia tardará al menos 20 meses en convocar elecciones, anunció hoy el viceprimer ministro del país, Wissanu Krea-Ngam, lo que alarga la permanencia de la junta militar en el poder que tomó en un golpe de estado en mayo de 2014.
El nuevo plazo prorroga en un año el calendario previsto hasta el pasado 6 de septiembre, cuando el Parlamento elegido a dedo por la junta militar rechazó el borrador de Constitución que debía someterse a referéndum, lo que obligó a reiniciar el proceso.
El documento descartado preveía la posibilidad de nombrar un primer ministro no electo y la creación de un comité formado por militares con el poder de intervenir en la política sin la necesidad de pedir permiso al Ejecutivo o Legislativo.
En una comparecencia ante el cuerpo diplomático de Bangkok, Wissanu indicó que antes de convocar elecciones hará falta redactar un nuevo borrador de Constitución, aprobarlo en referéndum, aprobar el paquete de leyes necesarias y organizar la campaña electoral.
«¿Son 20 meses demasiado? Sí, pero podría ser más corto si reducimos el tiempo previsto para cada paso. Podrían ser 16 o 17 meses», dijo Wissanu.
Según el viceprimer ministro, los 20 miembros del nuevo comité redactor de la Carta Magna serán elegidos la semana que viene y deberán terminar el borrador en abril de 2016 como muy tarde para poder votarla en referéndum en agosto del año que viene.
El ministro de Exteriores, Don Pramudwinai, se mostró confiado en poder acortar este calendario y en lograr un mayor consenso sobre el documento final, que de ser rechazado volvería a retrasar la celebración de los comicios.
«Si este referéndum fallara el borrador no sería aceptado y todo el proceso sería empujado de nuevo hacia atrás. Así de simple», dijo Don en una rueda de prensa posterior.
El anuncio tuvo lugar un día después de que un periodista y dos políticos críticos con la junta militar fueran liberados a condición de cesar sus críticas tras pasar varios días detenidos e incomunicados en una base del Ejército.
Preguntado por si la nueva Constitución podrá ser discutida en público libremente y sin riesgo de ser detenido, el canciller negó que las autoridades hayan coartado la libertad de expresión.
«No tengo la impresión de que se impusieran restricciones», dijo Don, junto a Wissanu, uno de los pocos civiles del gobierno.
