El Gobierno instó el miércoles a la población a acudir masivamente a las urnas el próximo domingo para decidir sobre las autonomías en cinco departamentos y cinco municipios y aclaró que el referendo sobre estatutos no es de carácter político-partidario sino está orientado a viabilizar la descentralización de las regiones.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en conferencia de prensa, demandó a la población que ejerza su derecho constitucional para «definir el destino» de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; los municipios de Tacopaya, Cocapata y Huanuni y los municipios en conversión a autonomías indígenas de Totora Marka y Charagua, que someterán a referendo sus estatutos y cartas orgánicas.
“Pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas en edad de votar a que puedan participar de uno de los actos fundamentales para la construcción de la autonomía que hoy se está forjando al amparo de la nueva Constitución Política del Estado», manifestó.
En esa dirección, aseguró que el referendo no tiene un carácter plebiscitario, por lo que exhortó a la población a que no se deje confundir por «intereses políticos mezquinos» que intentan asociar el referendo sobre estatutos autonómicos con un examen político respecto a la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
Explicó que el referendo es un acto constitucional que se refiere al modelo de gestión para decidir sobre un régimen autonómico o la continuidad de uno centralista.
«Estamos incorporando el referendo como un mecanismo de fortalecimiento democrático (…). Este ahora es un referendo que lo que pretende es constitucionalizar las autonomías, no tiene que ver con personas, con partidos, con definiciones políticas sino con definiciones institucionales y administrativas», aclaró.
Según Quintana, se ha trabajado en los últimos cinco años en la construcción de los proyectos autonómicos departamentales y en caso de que gane el «No» en el referendo se tendrá que «duplicar» el esfuerzo y los recursos económicos de las asambleas legislativas departamentales para reelaborar ese documento.
Por su parte, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, detalló que el rechazo a la autonomía no implica una consecuencia negativa para el nivel central; sin embargo, los departamentos y los municipios «tendrán menos posibilidades de poder desarrollar de manera descentralizada la ejecución competencial de sus normas y leyes».
«Si no se aprueba el estatuto, el proceso de legislación departamental tendría un escollo y tendría que en gran medida el departamento inspirarse sobre normas supletorias del nivel central, por lo tanto es una decisión ciudadana que no está sujeta a consignas ni a un partido político», mencionó.
