El 11 de enero de 2013, Loui Oporto Almaraz, entonces de 34 años, se dirigió al barrio paceño de Cupilupaca para supuestamente tomar un departamento en anticrético junto a Humberto P. Sin embargo, se trataba de una celada organizada por su “amigo” en complicidad de David Noé B. para robarle los $us 4.500 que traía consigo. Nueve días después, su cuerpo fue encontrado en una pieza de ese mismo inmueble, debajo de una fosa cubierta con cemento. A pesar de las pruebas y la declaración del asesino confeso (Humberto P.), los familiares de Loui no han logrado que se inicie el juicio oral para juzgar a los sospechosos de este crimen.
Esto debido a las chicanerías utilizadas por los abogados defensores, pero también porque los fiscales no siempre cumplen con su trabajo. El padre de Loui es un reconocido archivista, docente universitario, director la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir que conoce el manejo de la cosa pública mejor que la mayoría de los ciudadanos. A pesar de ello, hasta ahora no ha logrado que se haga justicia en el caso de su hijo. Y si esto sucede en su caso, mejor ni pensar en el vía crucis de los miles de ciudadanos comunes y silvestres que deben enfrentarse ante un sistema judicial obsoleto y corrupto sin conocer las artimañas de la burocracia estatal.
