Chile ha dicho que el distanciamiento con Bolivia ha sido causado por el anuncio realizado el 23 de marzo de 2011 (Día del Mar) por Evo Morales de entablar una demanda internacional que resuelva el enclaustramiento. Eso es engañoso.
La ruptura no fue abrupta ni generada por el aviso de iniciar un pleito en una corte. El distanciamiento se debió a la evasión de Chile de tratar el punto sexto de la agenda de los 13 puntos (el tema marítimo). La agenda inició en 2006 y fue congelada por La Moneda en la administración de Sebastián Piñera.
Chile, con la admisión del punto sexto en la agenda, una vez más aceptó que el tema marítimo es un asunto irresuelto entre ambos países. Durante las administraciones casi simultáneas de Bachelet y Evo Morales, se desarrolló una relación fluida en el nivel presidencial; sin embargo, la chilena concluyó su mandato y el punto sexto no había avanzado un paso. Años después, evaluando a la distancia del tiempo, Morales dijo que, visto desde el presente, había sido “engañado” por Bachelet durante ese primer periodo.
Llegó Sebastián Piñera (2010). La próxima reunión de la agenda de los 13 puntos debía ser en noviembre de 2010, en Chile. En esa reunión, Chile debía plantear propuestas “útiles, concretas y factibles” para avanzar en el punto sexto, el tema marítimo (de acuerdo con una entrevista concedida a este medio por el canciller David Choquehuanca); sin embargo, el encuentro fue suspendido unilateralmente por Chile.
Bolivia todavía no sospechó de la buena fe del Estado chileno. Entonces, Morales se reunió con Piñera en Foz de Iguazú (cierre de la Cumbre del Mercosur, diciembre de 2010). Piñera expresó la intención de acelerar el recorrido en la agenda de los 13 puntos y anunció, junto a Morales, la conformación de una comisión binacional a cargo de los cancilleres Choquehuanca y Alfredo Moreno.
Después de Foz de Iguazú, Choquehuanca viajó a Chile a sostener una reunión con su par, la cual terminó, otra vez, sin propuestas.
En febrero de 2011, el canciller de Chile, Moreno, llegaba a Bolivia generando expectativa: habían pasado 50 años desde que un jefe de la diplomacia de ese país llegara al país. En su visita, Chile tampoco planteó propuestas concretas.
Morales, poco antes del 23 de marzo de 2011, dijo que Bolivia no podía esperar “otros 100 años” para resolver el tema pendiente y pidió a Chile propuestas útiles, concretas y factibles. La respuesta de Chile fue que “no trabajaba por fechas, sino por resultados”.
Es a partir de todos estos signos que Bolivia tomó la determinación de asistir a una instancia del Derecho Internacional para reclamar su derecho al mar, como lo anunció Morales el 23 de marzo de 2011.
Ese mismo día se anunció la creación de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) para preparar la demanda internacional. Es entonces que comenzó la escalada de descalificaciones mutuas.
Chile, el país invasor, percibió que el juicio era un acto “inamistoso”. De hecho, hasta el día de hoy se ve a sí mismo como el país ofendido.
La intensidad de las descalificaciones mutuas oscilaron de tiempo en tiempo; todo mientras Diremar trabajaba en la redacción del documento “Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia”, durante dos años.
El 3 de abril de 2013, el Gobierno designó al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé como agente de Bolivia ante la CIJ. Dos semanas después, el 14 de abril, el documento final de la Solicitud fue presentado.
Solo entonces se supo que la demanda se fundamentaba en la doctrina de los actos unilaterales de los Estados. Los medios de comunicación de Bolivia y la misma Cancillería cometieron el error de llamar a la base jurídica: “derechos expectaticios”, error que tardó unos años en ser subsanado. Hoy son cada vez menos los que se refieren a la demanda con esta imprecisión que además daña la idea de que Bolivia tiene derecho al mar y no tiene una “aspiración”, ni una “expectativa” respecto al mar.
El 15 de abril de 2014, el presidente Morales presentó la Memoria en La Haya, un hecho inusual que pudo haber tenido una lectura negativa por parte de los jueces (nunca se sabrá), pues lo normal es que sea el agente de un Estado quien se encargue de realizar los trámites ante la CIJ o, en su defecto, el Ministro de Relaciones Exteriores.
El 28 de abril de 2014, el Gobierno nombró a Carlos Mesa como Representante oficial de Bolivia para la Causa Marítima y le dio la misión de explicar los fundamentos jurídicos que el país plantea en La Haya.
Dos días antes de la entrega de la Memoria, el 13 de abril, se publicó en LARAZÓNel artículo “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’”, que narra el proceso de redacción de la Solicitud y no así de Memoria, no obstante la Procuraduría inició, el 25 de junio (si bien solo se notificó a los acusados hasta el 5 de mayo), un juicio penal al autor de la nota y a la directora del medio, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos, en el primer caso, y complicidad en el segundo. El juicio pasó de la justicia ordinaria a Tribunal de Imprenta, donde actualmente se halla.
El 14 de julio de ese año, Chile presentó una objeción preliminar de competencia. La Corte modificó el calendario que preveía que Chile debía entregar su contramemoria hasta el 18 de febrero de 2015 y programó los alegatos y contra alegatos preliminares para el 4, 6, 7 y 8 de mayo de 2015.
Un año después, el 13 de abril de 2015, Bolivia decidió resarcir una deuda que tenía al presentar oficialmente a los juristas internacionales encargados de representar la causa boliviana. Las jornadas del 4 al 8 de mayo fueron históricas pues, como dijo Carlos Mesa, era la primera vez que Chile se veía obligado a explicar y tratar de justificar al mundo su conducta.
Los alegatos finalizaron con una pregunta del juez Hisashi Owada pidiendo la definición del término “acceso soberano”. Las respuestas se publicaron el 20 de mayo.
El plazo máximo para que la Corte falle sobre la competencia era diciembre de 2015, sin embargo no esperó hasta el último momento y programó la lectura de su decisión para el 24 de septiembre; es decir, este jueves.
