El Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron hoy la creación de una jurisdicción especial para la paz que juzgará delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, y establecerá dos tipos de penas, una para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no.
Según este relevante acuerdo sobre justicia transicional, la jurisdicción especial contará con salas de justicia y con un tribunal especial para la paz, que deberán «acabar con la impunidad, obtener la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de graves delitos».
Representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, leyeron el comunicado del acuerdo, acompañados de las dos delegaciones de paz al completo, encabezadas por el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, alias «Timochenko», un encuentro inédito hasta la fecha.
Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cinco años y un máximo de ocho «de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales»; mientras que quienes admitan su responsabilidad «de manera tardía» cumplirán penas de entre 5 y 8 años en «condiciones ordinarias».
«Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad», aclara el comunicado.
Aquellos que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables, serán condenados a penas de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.
Esta jurisdicción especial tendrá competencia «respecto a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno», lo que incluye a «las FARC y a los agentes del Estado».
También se acordó que para que los integrantes de la guerrilla puedan someterse a este sistema de justicia específico, las FARC deberán entregar sus armas en un plazo de 60 días tras la firma de acuerdo definitivo de paz.
«La transformación de las FARC en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden», señala el comunicado conjunto, que firmaron hoy los jefes de los equipos negociadores, Humberto de la Calle, por la parte gubernamental, e «Iván Márquez» (alias Luciano Marín Arango) por la guerrilla.
Las salas de justicia y el tribunal especial que se creará como parte de esta jurisdicción para la paz estarán integradas principalmente por magistrados colombianos, pero también habrá una participación minoritaria de extranjeros.
