El conflicto armado colombiano, el más antiguo de América Latina, tiene los días contados y en un máximo de seis meses el país asistirá al esperado momento en que las FARC y el Gobierno firmarán el acuerdo de paz.
Si se cumple a cabalidad lo anunciado hoy en La Habana por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de común acuerdo con el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», la paz tiene fecha y a más tardar el 23 de marzo de 2016 el país cerrará un capítulo de más de medio siglo de conflicto armado.
Alcanzar esa meta no será fácil, pero el camino quedó más limpio, aunque todavía no expedito, después del acuerdo anunciado hoy por las partes en materia de justicia transicional, el más espinoso de los temas discutidos en la mesa de diálogo de La Habana que en dos meses cumplirá tres años de sesiones.
Este acuerdo será la piedra angular de todo el proceso porque evita la impunidad mediante la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz con tribunales que buscarán llegar a la verdad de lo sucedido en décadas de conflicto, reparar a las víctimas y juzgar y sancionar a los responsables de los delitos graves, elementos fundamentales para construir «una paz estable y duradera».
Los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con «restricción de libertades» en condiciones especiales u ordinarias que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Lo pactado, que incluye a agentes del Estado, puede acabar con la desconfianza de muchos colombianos que consideraban que en aras de la paz se sacrificaría la justicia, un temor alimentado por los propios negociadores de las FARC con sus reiteradas advertencias de que no estaban dispuestos a firmar el fin del conflicto para ir presos al día siguiente.
«Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarles a los colombianos, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos», resumió Santos en su discurso.
Superado el escollo de la justicia, que para muchos parecía insalvable y que las partes negociaron con una discreción aún mayor de la que ha marcado todo el proceso, quedan pendientes otros asuntos de la agenda.
Entre ellos destacan el alto el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, la desmovilización de la guerrilla y su incorporación a la vida civil, sobre los cuales también hay avances.
Prueba de ello es que, según se anunció hoy, las FARC empezarán a dejar las armas «a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final», lo que indica que para mayo habrán enterrado definitivamente el hacha de la guerra que durante 52 años ha bañado con sangre el país.
Cumplidos esos procesos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emprenderán el tránsito hacia «un movimiento político legal con apoyo del Gobierno», con lo cual, según Santos, se romperá «de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y armas».
Pero la firma del acuerdo de fin del conflicto, como se le denomina oficialmente, no quiere decir que al día siguiente de la firma Colombia despertará de «la horrible noche», puesto que su aplicación en aspectos como tierras, participación política o erradicación de cultivos ilícitos puede tomar años.
No menos crucial será la refrendación del acuerdo final, pues serán los colombianos los que tendrán la última palabra sobre lo pactado con una respuesta simple: «sí» lo aceptan o «no», lo que supone un apuesta arriesgada de Santos, quien sin embargo se caracteriza por calcular sus decisiones con la frialdad de un jugador de póquer.
Si todo sale como está en el libreto, el Gobierno tendrá todavía por delante un desafío descomunal, que es la aplicación de los acuerdos, lo que implica un millonario esfuerzo financiero para cumplir todo lo acordado, especialmente en materia social.
En esta etapa, llamada del posconflicto, el país espera contar con el apoyo económico de la comunidad internacional para que lo firmado en La Habana no quede en el papel.
Falta todavía camino por andar, pero con lo anunciado este miércoles el reloj de la paz ha empezado a correr en favor de Colombia.
