La jueza 1° de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, decidió ayer enviar al penal de San Pedro de La Paz de manera preventiva a los representantes de la empresa Food’s Company de Cochabamba, Gróver V.M. y Carlos G.S., quienes son procesados por la firma de un contrato con la Policía para la dotación de víveres.
Los delitos que la jueza valoró para tomar su decisión son: uso de instrumento falsificado y contratos lesivos al Estado. En tanto, la fiscal Leticia Calderón explicó que los acusados no pudieron desvirtuar los riesgos de obstaculización a la investigación.
Audiencia. “La jueza ha referido que en libertad podrían obstaculizar la investigación, cuando existen medidas sustitutivas que perfectamente podrían garantizar esa situación, (…) no estamos de acuerdo con esta decisión que a criterio nuestro es ilegal”, manifestó al respecto René Galindo, abogado de los detenidos, según un reporte de Erbol.
El jurista aseguró que sus defendidos cumplieron con el acuerdo de dotación de víveres a la Policía y descartó los delitos porque la empresa devolvió los más de $us 5 millones entregados como anticipo. También cuestionó que el excomandante de la Policía Luis Cerruto y el general Hugo Baldiviezo gocen de detención domiciliaria y los señaló como los principales responsables.
