La Justicia de España imputó ayer al presidente de Cataluña, Artur Mas, por la organización de una consulta simbólica sobre la independencia que se realizó el 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional, informaron fuentes judiciales.
Mas, acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, está citado a declarar el 15 de octubre. La decisión se produce dos días después de unas elecciones regionales que dieron una mayoría absoluta a los partidos independentistas en el Parlamento catalán.
“En seguimiento de la presente instrucción se acuerda la práctica de las declaraciones de los querellados (…): día 15 de octubre de 2015, a las 10 horas de la mañana, declaración del Muy Honorable Señor Artur Mas i Gavarró”, señala la providencia del juez instructor.
La Fiscalía se querelló en diciembre contra el presidente regional saliente y dos miembros de su antiguo ejecutivo por la organización de esta consulta simbólica y sin valor legal en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron a favor de la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.
Su ejecutivo, que desde 2012 solicitaba la organización de un referéndum de autodeterminación denegado por el Gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó su celebración a pesar de que el Tribunal Constitucional, recurrido por Rajoy, la había prohibido de forma cautelar para estudiar si se adaptaba a la legalidad. En junio, esta corte certificó su ilegalidad porque no se podía convocar ni realizar actuaciones respecto a la integridad territorial del país.
